06/08/2009 - El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, dijo que todo ciudadano que se sienta ofendido tiene derecho a acudir a la Justicia y destacó que en este caso el denunciante es un funcionario vinculado a la investigación de un atentado que "estremeció a la sociedad argentina y por la cual todavía no han sido señalados los responsables materiales ni intelectuales".
Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, explicó que la opinión contenida en los editoriales del diario, basada en el "propio reconocimiento del Estado sobre la deficiente investigación oficial", desvía la atención del tema de fondo.
El directivo, en un comunicado, dijo que la atención "del fondo del asunto" debería estar centrada en continuar la indagación de manera "transparente, lograr resultados y mantener informado al público por este caso".
Antonio Stiuso, director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) de Argentina, interpuso dos querellas por calumnias e injurias contra Bartolomé Mitre, director, y Julio Saguier, presidente del directorio de S.A. La Nación, al sentirse agraviado por editoriales publicados en 2007 y 2008.
Los editoriales estaba referidas a la investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 que dejó 85 personas muertas y centenares de heridos.
Uno de los editoriales consignó que la pesquisa "está contaminada por operaciones de inteligencia, que buscaron siempre desviar la atención de la investigación correcta", según la SIP.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del periódico estadounidense San Antonio Express-News, expresó preocupación de que se trate de un "intento de frenar y amedrentar la libertad de opinión".
Además, consideró, que se refiere al desempeño de un funcionario público, "cuya condición lo expone a la crítica y al examen continuo de la sociedad para la cual sirve".
La SIP, subrayó, tiene como precepto que el público tiene derecho a conocer y que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público". EFE
