12/09/2009 - La presidenta adelantó que enviará al Congreso un proyecto "donde se suprime la figura de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión".
El texto del proyecto, según la agencia oficial Télam, "propicia la sustitución de diversas normas contenidas en el Código Penal de la Nación referidas a calumnias e injurias a efecto de adecuar la normativa nacional conforme a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión".
"Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional donde se hay podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mi en la República Argentina", dijo Fernández, durante un homenaje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado en el Espacio de la Memoria abierto en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), que fue el mayor centro de detenciones clandestinas de la dictadura (1976-1983).
El anuncio de Fernández se produce en medio de un clima de crispación entre el Gobierno, la oposición y los principales medios de comunicación por un polémico proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual que amenaza los intereses de grandes grupos del sector.
El Gobierno se desmarcó hoy de un inusual operativo realizado el jueves por unos 200 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en sedes del Grupo Clarín, el más poderoso del país, que definió la inspección como un "operativo oficial de intimidación".
La inspección "no fue de la AFIP" sino de "alguien que se tomó el trabajo de hacerlo", denunció hoy el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien afirmó que "acá hay una operación que alguien ha financiado" con la intención de "poner al gobierno como si estuviera presionando".
El director de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien sostuvo que no dio orden para realizar la inspección, confirmó hoy que fueron fueron despedidos los responsables del operativo.
Fernández anunció que la intención de "suprimir" la figura de "calumnias e injurias" como delito penal va en sintonía con el fallo de mayo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Eduardo Kimel en la apelación que había presentado contra el Estado argentino.
En 1995, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 mil pesos (por entonces igual a dólares) por considerarlo culpable de los cargos de "injuria y calumnia" contra un juez al que el periodista mencionó en su libro "La masacre de San Patricio".
La Comisión reclamó la anulación de la condena contra Kimel y obligó al Estado argentino a que "en un plazo razonable" reforme la figura penal de los delitos de calumnias e injurias.
El libro publicado por Kimel en 1989 aborda el asesinato de tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
La causa contra el periodista se inició después de la querella impulsada por Guillermo Rivarola, quien en su posición de juez estuvo a cargo la investigación del crimen entre 1976 y 1997. EFE
