17/09/2009 - El debate se inició a las 11.30 hora local (14.30 GMT) en medio de duras críticas de la oposición a la forma "apresurada y grosera" con la que, a su criterio, el oficialismo logró ayer el dictámen positivo en comisiones para habilitar la discusión del proyecto en el pleno.
La diputada Patricia Bullrich, de la opositora Coalición Cívica (CC), acusó al Gobierno de querer "terminar con una ley de la dictadura con una metodología dictatorial" al imponer este martes "entre gallos y medianoche" un proyecto con modificaciones respecto al original enviado por el Ejecutivo, lo que dejó sin tiempo a los diputados para analizar los 166 artículos de la iniciativa.
Como Bullrich, otros legisladores opositores cuestionaron la "legitimidad" de la sesión.
Tanto la CC, la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO, centroderecha) y los miembros disidentes del gobernante Partido Justicialista (PJ) adelantaron que se retirarán del recinto a la hora de la votación, pero el oficialismo calcula que contará con los votos necesarios para aprobar la iniciativa con el apoyo de aliados de izquierda.
El apoyo a la iniciativa, que de ser aprobada por la Cámara de Diputados deberá ser debatida en el Senado, aumentó después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara el lunes la eliminación del permiso para que las empresas telefónicas entren al sistema de medios audiovisuales por medio del servicio adicional de televisión por suscripción.
El Gobierno también aceptó modificaciones sobre la "autoridad de aplicación", encargada de supervisar el funcionamiento del sector, la cual será una entidad "autárquica" dependiente del Ejecutivo, según el proyecto.
Asimismo, accedió a ampliar el número de directores de la "autoridad de aplicación" para otorgarle más representación al sector parlamentario, aunque la oposición carga las tintas en que el Ejecutivo mantendrá un mayor peso en el organismo.
La nueva ley creará una comisión bicameral de control de la "autoridad de aplicación", un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.
El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que ha causado el rechazo de empresas del sector.
También crea cupos de producción local e indica que las compañías con licencias pueden tener hasta un 30 por ciento de participación extranjera, salvo que se trate de una empresa de un país que haya firmado un tratado de "reciprocidad efectiva" con Argentina, lo que habilita una participación mayoritaria de capital de origen foráneo.
La UCR, el PRO y peronistas disidentes rechazan que las firmas privadas tengan un plazo de un año para desprenderse de licencias de radio o televisión en caso de que deban adecuarse a los límites fijados por la nueva normativa.
La ley de medios audiovisuales, con la que se pretende reemplazar a la puesta en vigor durante la última dictadura militar (1976-1983), es interpretada por amplios sectores de la oposición como una confrontación del Gobierno con el grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici (de UCR), señaló que "no se puede legislar en contra de ese derecho básico" a la expresión y sostuvo que "el periodismo es un contrapoder", "un poder más de la República, por lo que se necesita lograr un equilibrio con "el resto de los poderes".
Por su parte, el titular de la Comisión de Comunicaciones, el oficialista Manuel Baladrón (PJ), aseguró que "no es verdad que esta ley afecte la libertad de expresión" y negó que el Gobierno quiera "silenciar" a alguien en Argentina".
"Lo único que queremos hacer es ver cómo regulamos un sistema de medios audiovisuales más justo, más democrático. Esta ley es una de las más importantes que vamos a debatir en el Parlamento argentino", señaló. EFE
