«Ley Rodrigo»: Impulsan prohibir celulares en cárceles bonaerenses tras el caso del soldado extorsionado

Un proyecto denominado “Ley Rodrigo” fue presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de prohibir el uso de celulares dentro de las cárceles bonaerenses y reforzar los controles para evitar que desde los penales se sigan cometiendo delitos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El proyecto lleva ese nombre en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras haber sido víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel.

La investigación judicial determinó que la maniobra delictiva se gestó dentro del penal de Magdalena, donde una organización vinculada a internos coordinaba extorsiones telefónicas. Por este caso, siete personas fueron detenidas con prisión preventiva.

Qué propone la “Ley Rodrigo”

El proyecto plantea eliminar el protocolo que permitió el uso de celulares en las cárceles durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando se habilitó el acceso a dispositivos para facilitar la comunicación de los detenidos ante las restricciones sanitarias.

En su lugar, la iniciativa establece que los internos solo podrán realizar llamadas mediante teléfonos controlados por el Servicio Penitenciario.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

• Máximo de dos horas diarias de comunicación por detenido.

• Hasta cinco contactos autorizados, previamente registrados ante las autoridades.

• Supervisión del Servicio Penitenciario para garantizar la seguridad y proteger a las víctimas.

• Posibilidad de restringir o suspender comunicaciones si se detecta riesgo para el orden público.

Inhibidores de señal y controles en los penales

La propuesta también contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal de telefonía móvil y datos en los pabellones, además de requisas periódicas y controles tecnológicos para detectar celulares clandestinos.

En caso de aprobarse la ley, los internos deberán entregar sus celulares dentro de las 24 horas posteriores a la notificación oficial. Los dispositivos podrán ser retirados por familiares tras seis meses, mientras que aquellos que no estén registrados serán destruidos en un acto público con intervención de un escribano.

“Las cárceles no pueden ser centros del delito”

Al defender la iniciativa, Liberman sostuvo que muchos delitos continúan organizándose desde prisión a través de celulares e internet.

“Estafas, extorsiones y robos se coordinan desde adentro de las cárceles. Las prisiones no pueden seguir funcionando como centros de operaciones del delito”, afirmó el legislador, al recordar el caso de Rodrigo Gómez, que dio origen al proyecto.

Otros proyectos con el mismo objetivo

La discusión sobre la prohibición de celulares en las cárceles bonaerenses también aparece en iniciativas impulsadas por otros sectores políticos.

El senador del PRO, Alex Campbell, presentó recientemente un proyecto similar que propone instalar inhibidores de señal y restringir el acceso a tecnología dentro de los penales.

En la misma línea, en 2023 la exdiputada radical Nazarena Mesías impulsó modificaciones a la Ley de Ejecución Penal bonaerense para impedir el uso de dispositivos móviles que permitan cometer delitos virtuales desde prisión.

La problemática volvió al centro del debate tras distintos casos de extorsiones, estafas y amenazas organizadas desde cárceles de la provincia, lo que reavivó el reclamo por mayores controles en el sistema penitenciario.