«No nos atienden el teléfono»: La Provincia alerta por un posible colapso del transporte

La tensión por el financiamiento del transporte público escaló en las últimas horas luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzara una frase que sintetiza el conflicto: “No nos atienden el teléfono”. Con esa definición, el funcionario expuso la falta de diálogo con el Gobierno nacional y encendió las alarmas por un posible colapso del sistema de colectivos.

El reclamo apunta directamente a la gestión de Javier Milei, a quien la Provincia le exige que retome los subsidios al transporte o que, al menos, intervenga en el precio del combustible, uno de los principales costos del sector. Según Bianco, la situación actual es de “fragilidad inédita”.

El esquema de financiamiento, explicó, funcionaba con un reparto equitativo: 50% Nación y 50% Provincia. Pero la eliminación del aporte nacional generó un desequilibrio crítico, obligando a la administración de Axel Kicillof a sostener en soledad el sistema.

Los números reflejan la magnitud del problema: la deuda con el transporte bonaerense asciende a $90.700 millones, afectando a más de 100 líneas de colectivos. A esto se suma el impacto de la suba del combustible —entre el 20% y el 25%—, sin medidas de contención por parte del Estado nacional. En ese sentido, Bianco también apuntó al rol de YPF, sugiriendo que podría ofrecer valores más accesibles para aliviar la presión.

La crisis golpea con mayor fuerza en el interior de la provincia, donde viven cerca de cuatro millones de personas y la eliminación del fondo compensador nacional redujo la posibilidad de sostener tarifas accesibles. En el AMBA, en tanto, la falta de subsidios complica la integración tarifaria y encarece los traslados cotidianos.

En paralelo, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, denunció la falta de inversión en rutas y exigió que el Gobierno nacional cumpla con la reinvención del Impuesto a los Combustibles Líquidos en obras viales. En ese marco, anunció una movilización al Ministerio de Economía junto a intendentes para visibilizar el reclamo.

Más allá del transporte, desde la Provincia advierten que el conflicto se inscribe en un escenario más amplio de caída del consumo, cierre de comercios y pymes y pérdida del poder adquisitivo, lo que incrementa la preocupación por el impacto social de la crisis.