ANDIS, bajo intervención: Audios, allanamientos y la incógnita por las pensiones

En medio de un caso de alta sensibilidad pública, la investigación se activó tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describen supuestas “coimas” vinculadas a compras de medicamentos. El episodio detonó su salida del cargo y una causa judicial que ya motivó allanamientos múltiples y la prohibición de salida del país para los principales investigados.

Para conducir la intervención del organismo, el Ejecutivo designó al médico Alejandro Vilches (ex secretario de Gestión Sanitaria). El decreto establece que su misión es auditar, ordenar procesos y elevar un informe con el estado de la situación y recomendaciones de acción. Es un esquema excepcional, con foco en el sistema de compras y contrataciones y en el circuito de prestaciones.

En el frente judicial, el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, dispuso 14/15 allanamientos sobre la sede de ANDIS, la droguería Suizo Argentina y domicilios particulares. En ese marco, se secuestraron equipos y documentación, y a Spagnuolo le incautaron el teléfono para peritaje; además, rige para él y otros investigados la restricción para salir del país. No hay definiciones judiciales firmes sobre responsabilidades penales al cierre de este resumen.

Una arista clave es el rol de proveedores privados. La Justicia puso la lupa en Suizo Argentina y en movimientos económicos asociados: en un operativo en Nordelta, fue interceptado Emmanuel Kovalivker y se incautaron USD 266.000 y $7 millones, hechos que forman parte del expediente y serán analizados por el juzgado.

El foco social está en la continuidad de las pensiones no contributivas y del programa Incluir Salud —que garantiza medicamentos y prestaciones a titulares de PNC—. Oficialmente, la intervención apunta a transparentar el sistema y regularizar pagos a prestadores. En paralelo, medios señalan que podrían evaluarse suspensiones sobre un universo amplio de PNC, extremo que aún no fue oficializado y deberá ser detallado por las autoridades ante el Congreso, que citó al ministro Mario Lugones y al propio Vilches.

El caso está en desarrollo, bajo secreto de sumario y con medidas cautelares activas. Las personas y empresas mencionadas mantienen su presunción de inocencia hasta que la Justicia se expida. El eje inmediato de gestión será resguardar prestaciones y aclarar responsabilidades sin afectar derechos adquiridos.