Abuso e indefensión: La Justicia avaló el uso de radares y fotomultas pese al malestar por su fin recaudatorio

En medio de un creciente malestar social, la Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó el uso de radares de velocidad y sistemas de fotomultas, que seguirán funcionando con normalidad. La medida, firmada por el fiscal Álvaro Garganta y el juez de garantías Juan Pablo Masi, descarta la posibilidad de frenar estos dispositivos tras una investigación por presuntas irregularidades.

Ambos funcionarios resolvieron que no existe ninguna medida cautelar vigente que impida al Gobierno bonaerense ni a los municipios seguir recaudando fondos por infracciones detectadas con estos equipos, muchos de los cuales son provistos por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra).

Aunque se presentan como herramientas para mejorar la seguridad vial, en la práctica son ampliamente señalados por su uso sistemático con fines recaudatorios, por la falta de transparencia, la ubicación arbitraria de los radares y la dificultad para apelar las multas, generando una extendida sensación de abuso e indefensión entre los ciudadanos.

“El Ministerio Público no ha solicitado ninguna medida cautelar que impida esta recaudación”, sostuvo el fiscal Garganta en su dictamen. En la misma línea, el juez Masi reafirmó que no se interrumpirá el funcionamiento del sistema.

La validación judicial mantiene vigente un mecanismo que, lejos de contar con respaldo popular, es percibido como un instrumento más de presión fiscal, antes que una política efectiva de prevención vial.