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Atanor: Confirman nuevos vertidos ilegales de químicos que amenazan barrios de San Nicolás
La Fiscalía Federal de San Nicolás volvió a impulsar la causa por contaminación ambiental. Las nuevas pruebas agravan el cuadro: agroquímicos peligrosos habrían sido arrojados al suelo y al río Paraná, afectando a los barrios Química y Ponce de León.
18-07-2025
La empresa agroquímica Atanor S.C.A. vuelve a estar en el centro de la polémica. Una reciente inspección de la Autoridad del Agua (ADA) detectó nuevos vertidos no autorizados, lo que llevó a la Fiscalía Federal Descentralizada de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, a solicitar nuevas medidas probatorias dentro de una causa que se tramita desde 2014 por presunta contaminación ambiental del río Paraná y del suelo de la zona.
El Ministerio Público Fiscal recordó que en mayo de 2023 ya había pedido al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo la indagatoria de seis directivos de Atanor y ocho funcionarios de los organismos provinciales de control (ADA y OPDS). Sin embargo, el juzgado aún no resolvió esa solicitud, lo que llevó a la fiscalía a presentar recursos de apelación ante la Cámara Federal de Rosario, que aún no se expidió.
Las pruebas químicas recabadas en la causa son contundentes: se halló atrazina en el agua, y cipermetrina y trifuralina en el suelo, sustancias altamente tóxicas que representan un grave riesgo para la salud pública, especialmente para quienes viven en los barrios Química y Ponce de León.
Ante este escenario, la fiscalía también pidió una medida cautelar para que Atanor se abstenga de verter efluentes líquidos hasta tanto adapte su proceso productivo a los estándares ambientales vigentes. Pese a ello, el 9 de junio pasado, una nueva inspección detectó vertidos sobre el suelo natural, lo que motivó otro pedido de prueba para determinar si la empresa violó la medida judicial y si esto constituye un delito penal.
Además, se solicitó la intervención de organismos clave como el Ministerio de Ambiente de la Nación, el COFEMA, la Secretaría de Política Hídrica y el Ministerio de Ambiente bonaerense, para que colaboren en el cumplimiento de las medidas.
El caso Atanor se convierte, una vez más, en un ejemplo de cómo las demoras judiciales y la debilidad en los controles ambientales pueden agravar una situación crítica que afecta directamente a la vida de cientos de vecinos.