Atentado a la AMIA: La fiscalía pidió procesar a 10 iraníes y libaneses y solicitó la captura de un nuevo sospechoso

La investigación por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 140 heridos en la ciudad de Buenos Aires.

Además, el fiscal reclamó la captura internacional de un nuevo sospechoso: Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario iraní señalado como uno de los presuntos responsables de la planificación del atentado.

La presentación fue remitida al Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, y representa un avance clave en una de las causas judiciales más complejas y sensibles de la historia argentina.

Un nuevo acusado en la causa

Según la fiscalía, Hejazi habría tenido un rol central en la organización del ataque. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público, integraba el llamado “Comité Vijeh”, un organismo estatal iraní donde se habría analizado el objetivo, reunido información y diseñado el plan operativo para atacar la AMIA.

El pedido incluye su imputación formal, la orden de captura internacional y su declaración en rebeldía.

La acusación tomó fuerza luego de testimonios aportados en Francia por cuatro disidentes iraníes, quienes brindaron información considerada clave para profundizar la investigación.

Los acusados y la hipótesis judicial

En paralelo, Basso pidió el procesamiento de los mismos diez acusados sobre los que Rafecas ya habilitó el juicio en ausencia, ya que todos permanecen prófugos con alertas rojas de Interpol desde 2006.

Entre ellos figuran ex altos funcionarios iraníes como:

• Alí Fallahian, ex ministro de Inteligencia

• Alí Akbar Velayati, ex canciller

• Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria

• Ahmad Vahidi, vinculado a la fuerza Al Quds

Para la fiscalía, varios de estos funcionarios integraban el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ámbito en el que se habría aprobado el atentado durante una reunión reservada en agosto de 1993.

También se incluyó a ex diplomáticos iraníes que estuvieron destinados en Buenos Aires, como Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari, acusados de haber participado en una red de inteligencia encubierta que brindó apoyo logístico al ataque.

El rol de Hezbollah

La investigación también señala la participación operativa de Hezbollah, organización a la que se atribuye la ejecución material del atentado.

Entre los acusados figuran:

• Salman Raouf Salman, señalado como coordinador del ataque en Argentina

• Abdallah Salman, acusado de financiar la operación

• Hussein Mounir Mouzannar, vinculado al uso de documentación falsa para facilitar movimientos operativos

Un paso hacia el juicio en ausencia

En un dictamen de 201 páginas, la fiscalía sostuvo que los acusados deben responder como autores o partícipes de homicidio agravado por odio racial o religioso, lesiones graves y daños, además de integrar una organización armada con fines discriminatorios.

Basso reafirmó la hipótesis judicial de que la decisión política, el financiamiento y la cobertura del atentado surgieron desde las más altas esferas del régimen iraní, mientras que la ejecución fue llevada adelante por la estructura operativa de Hezbollah.

Como parte de las medidas cautelares, el fiscal pidió actualizar los embargos preventivos sobre bienes por más de 741 mil millones de pesos y avanzar en notificaciones diplomáticas a los prófugos.

El expediente avanza ahora hacia un eventual juicio oral bajo la modalidad de juicio en ausencia, mecanismo incorporado recientemente por la Ley 27.784, que permitiría juzgar a los acusados aunque continúen prófugos.