Caso Marita Verón: Procesamiento de dirigentes sindicales en Tucumán por posible encubrimiento

La provincia de Tucumán se ve sacudida por un importante desarrollo en el caso de la desaparición de María de los Ángeles Verón, conocida como Marita Verón, que ha conmovido al país durante más de dos décadas. En un reciente giro de los acontecimientos, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán ha dictado el procesamiento con prisión preventiva de dos destacados dirigentes sindicales, Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas, en relación con posibles actos de encubrimiento relacionados con la desaparición de Marita Verón en 2002.

La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada ante la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas por parte del Departamento Jurídico de la Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas. Según la denuncia, un testigo anónimo proporcionó detalles perturbadores sobre lo que sucedió en una reunión celebrada en el Hotel Bicentenario en San Miguel de Tucumán el 20 de marzo de este año. Durante esta reunión, Norberto Manzano, Secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE), habría afirmado que tenía en su posesión una carpeta con fotografías que mostraban el cuerpo fallecido de Marita Verón dentro de la sede del sindicato Luz y Fuerza y su posterior traslado al sanatorio Luz Médica.

El testigo también informó que Manzano habría explicado que las tensiones entre las autoridades del sindicato y del gremio, específicamente los "aprietes" a los trabajadores, habrían cesado porque Manzano había amenazado con hacer públicas las fotografías en su poder. Estas declaraciones arrojaron luz sobre la posible conexión entre el sindicato y la desaparición de Marita Verón, una joven que ha estado desaparecida durante más de dos décadas, presuntamente víctima de trata de personas con fines de explotación sexual.

El Ministerio Público Fiscal inició una serie de investigaciones y allanamientos, incluidos los domicilios de los acusados y la sede central de APJAE en Capital Federal, donde se incautaron documentos y dispositivos tecnológicos para su análisis pericial. El fiscal Agustín Chit argumenta que Manzano y Rojas tuvieron acceso a la carpeta con información y fotografías relacionadas con Marita Verón y que, en lugar de llevar esa información a la justicia, la mantuvieron oculta, lo que podría haber contribuido al encubrimiento de los autores de su desaparición.

Para el fiscal Chit, esta conducta no solo es grave debido a la posible pena del delito, sino también porque prolongó el sufrimiento de la familia de Marita Verón y perpetuó la comisión del delito. El juez subrogante José Manuel Díaz Vélez, al dictar los procesamientos, desestimó los argumentos de las defensas de los acusados y subrayó la necesidad de investigar este nuevo ángulo en el caso de la desaparición de Marita Verón.

Este último desarrollo en el caso Marita Verón refuerza el compromiso continuo de la justicia argentina en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de la trata de personas y la explotación sexual. La sociedad sigue con atención este caso emblemático que ha conmovido a la nación durante tantos años.