Economía y Empresas | San Nicolás
Crisis en Atanor: Inspección judicial y retiros voluntarios marcan un punto de inflexión
La empresa química enfrenta un momento crítico tras una explosión en marzo, con una inspección judicial en curso y un programa de retiros voluntarios para 150 trabajadores suspendidos.
10-08-2024
La planta de Atanor en San Nicolás se encuentra en el ojo del huracán ambiental y laboral. Este viernes, la "Mesa de Gestión Ambiental", liderada por el experto Homero Máximo Bibiloni y creada por la jueza Luciana Díaz Bancalari, realizó una inspección crucial en las instalaciones. Esta visita marca un hito en el prolongado conflicto ambiental que rodea a la empresa.
La inspección contó con la presencia de la jueza Díaz Bancalari y representantes de diversos organismos gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Ambiente de la Provincia y funcionarios municipales de San Nicolás. El objetivo es determinar los próximos pasos en un conflicto que se ha extendido por décadas sin una resolución definitiva.
La planta permanece cerrada desde la explosión del 20 de marzo, un incidente que puso de manifiesto las irregularidades en su funcionamiento. Atanor carece actualmente del Certificado de Aptitud Ambiental y del Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos Industriales, requisitos indispensables para operar legalmente.
En paralelo a la crisis ambiental, Atanor ha lanzado un programa de retiros voluntarios dirigido a los 150 trabajadores suspendidos desde el 14 de mayo. Esta medida genera incertidumbre entre las familias afectadas y subraya la gravedad de la situación económica de la empresa.
La jueza Díaz Bancalari había impuesto previamente una serie de medidas que Atanor no cumplió, lo que culminó en la explosión que afectó a las comunidades cercanas y al Río Paraná. La planta ha estado involucrada en varios episodios de contaminación ambiental y accidentes laborales con graves repercusiones, según informa el portal Primera Plana.
El caso Atanor pone de relieve la tensión entre el desarrollo industrial y la protección ambiental, así como los desafíos que enfrentan las comunidades y los trabajadores cuando las empresas no cumplen con las regulaciones. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante para la gestión ambiental y laboral en la industria química argentina.
