Cristina Fernández acatará la Justicia, pero su defensa busca medidas internacionales para proteger sus derechos

El reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en el emblemático caso Vialidad no detuvo la dinámica judicial y política que rodea a la expresidenta. Mientras la Justicia endurece medidas para evitar que los condenados se evadan, su defensa anuncia que cumplirá con todas las exigencias legales, pero también busca apoyo en organismos internacionales.

El abogado defensor, Carlos Beraldi, ratificó que Cristina se presentará en Comodoro Py en el plazo legal de cinco días, asegurando el cumplimiento de la notificación judicial. “Ella ha respetado todas las imposiciones desde el inicio del proceso, incluso acudiendo en más ocasiones que ningún otro imputado”, subrayó Beraldi, quien calificó el caso como una “campaña de persecución”.

Por otro lado, el tribunal reforzó la vigilancia migratoria tras un pedido del juez Jorge Gorini, con la intención de impedir que alguno de los condenados, entre ellos la expresidenta y otros involucrados como Lázaro Báez y José López, puedan fugarse del país. Los nombres quedaron incorporados a las bases de datos de Migraciones para un control estricto de ingresos y egresos.

En cuanto a la obligación de Cristina de devolver un monto millonario como parte de la condena, Beraldi aclaró que la ejecución de esta parte aún está en debate y que no se descarta la posibilidad de embargo sobre sus bienes. Sin embargo, negó rotundamente cualquier intención de la expresidenta de buscar refugio en una embajada o escapar del país, contrastando con casos anteriores de fugas.

Más allá de las medidas internas, la defensa anunció que elevará reclamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que se han vulnerado garantías constitucionales y que Cristina es tratada como “un enemigo” dentro del proceso judicial. Beraldi explicó que, en caso de que la CIDH admita la denuncia, esta podría derivar en medidas cautelares y avanzar hasta la Corte Interamericana.

Este escenario pone en evidencia la complejidad política y judicial que atraviesa Argentina, donde las decisiones de la Justicia no solo tienen repercusiones internas sino que también abren la puerta a instancias internacionales en busca de protección de derechos fundamentales.