Cuando las alarmas no alarman: Santa Fe busca poner fin al abuso del 911

Es una escena cotidiana en gran parte de la Argentina: alarmas que se activan sin motivo, móviles policiales que se desvían y emergencias reales que deben esperar. En Rosario, este fenómeno dejó de ser una percepción y pasó a tener números concretos que encendieron las alertas del Estado.

Entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025, el sistema de emergencias 911 recibió 103.910 llamados provenientes de empresas de monitoreo privadas. Sin embargo, solo 358 casos fueron reales, lo que representa menos del 0,35% de intervenciones efectivas. El resto fueron falsas alarmas que demandaron tiempo, personal y recursos públicos.

Desde el Gobierno de Santa Fe explican que cada aviso implica, aun cuando luego se comprueba que no existe delito, al menos 20 minutos de trabajo, la asignación de dos efectivos policiales y el uso de móviles y equipamiento. El resultado: más de 500 millones de pesos gastados en menos de un año, 34.637 horas de patrullaje y 69.273 horas de trabajo policial destinadas en su mayoría a situaciones que no requerían intervención.

“El 911 no puede convertirse en una extensión automática de servicios privados”, advirtió Pablo Polito, director de Atención de la Emergencia 911, al explicar que las falsas alertas ocupan móviles que podrían estar atendiendo urgencias reales.

Frente a este escenario, la provincia impulsa una ley para regular a las empresas de alarmas privadas, con el objetivo de ordenar el sistema, exigir responsabilidades y frenar prácticas irregulares. La iniciativa busca también proteger a las firmas que cumplen la normativa, frente a otras que operan sin controles y trasladan sus costos al Estado.

“Con mínimos recursos se montan estructuras que dependen del 911, un servicio que pagamos todos”, señaló la subsecretaria Karina Chumpitaz, al cuestionar el esquema actual y remarcar la necesidad de cuidar los fondos públicos.

Desde el área de Seguridad sostienen que el problema no es menor: policías que no patrullan, móviles desgastados, combustible consumido y tiempo perdido en eventos que no derivan en delitos reales. Si bien reconocen que algunas alertas pueden resultar válidas, aseguran que una gran parte responde a fallas técnicas o situaciones domésticas.

Con esta normativa, Santa Fe intenta dar respuesta a una problemática que se repite en todo el país: ordenar el uso del 911, priorizar las emergencias reales y evitar que el sistema colapse por alarmas que, lejos de alertar, terminan generando más ruido que soluciones.