El Gobierno reglamentó el blanqueo popular permanente más amplio de la historia

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que marca un giro profundo en la política tributaria argentina y que apunta a poner fin a décadas de persecución sobre los ahorristas. La norma establece un blanqueo popular permanente, considerado el más grande de la historia, con el objetivo de reintegrar al sistema formal a millones de personas que fueron empujadas a la informalidad por el cepo, la inflación y una presión fiscal asfixiante.

Desde el Ejecutivo sostienen que el viejo esquema convirtió a los ciudadanos comunes en sospechosos permanentes, mientras los verdaderos delitos económicos quedaban relegados. Con la nueva ley, aseguran, “lo tuyo vuelve a ser tuyo”, sin tener que justificar ahorros acumulados en contextos de inestabilidad y desconfianza.

El nuevo régimen se apoya en tres pilares centrales. El primero es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que permitirá tributar sin que el Estado exija explicaciones sobre el patrimonio previo ni los gastos personales. De esta manera, quienes adhieran podrán regularizar ahorros no declarados y utilizarlos libremente, sin mirar hacia atrás, sino solo lo que se facture de ahora en adelante.

Esto abre la puerta a múltiples situaciones cotidianas: pymes que podrán reinvertir, familias que accederán a una vivienda y herencias que dejarán de ser tratadas como un delito. Según el Gobierno, esta medida generará una inyección de liquidez significativa en la economía, impulsando el consumo y la inversión.

El segundo eje es el blindaje penal a los ahorristas. La ley eleva el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos y el de evasión agravada a 1.000 millones, además de reducir el plazo de prescripción de cinco a tres años. En la práctica, evadir deja de ser un delito penal, y cualquier incumplimiento podrá resolverse pagando lo adeudado tras una notificación.

El tercer componente es la actualización de los umbrales para informar movimientos bancarios. A partir de ahora, se podrán realizar operaciones mensuales de hasta $10 millones, en pesos o dólares equivalentes, sin que se generen reportes automáticos a ARCA, lo que promete mayor agilidad para contribuyentes y comercios.

Desde el oficialismo afirman que estas reformas permitirán que ARCA y la UIF concentren sus recursos en combatir el delito organizado, en lugar de controlar a ciudadanos comunes. “Argentina deja atrás el reino del revés”, sostienen, con la promesa de que los inocentes no volverán a ser tratados como culpables.