El polémico pedido de domiciliaria de Cristina Kirchner

Luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner pidió cumplir la pena de seis años de prisión en su departamento de la calle San José, bajo modalidad domiciliaria y sin el uso de tobillera electrónica. Sus abogados esgrimieron como principales fundamentos su rol como ex presidenta, el atentado que sufrió en 2022, y su edad avanzada (72 años).

El pedido, presentado por Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, pone en tela de juicio la equidad del sistema judicial: mientras miles de detenidos esperan condiciones mínimas de detención, la defensa de CFK sostuvo que una cárcel “no es compatible con los recaudos de seguridad” que ella necesita.

Los letrados argumentaron que el encierro en una institución carcelaria implicaría someterla a un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, algo que —según indicaron— sería contrario a los estándares constitucionales y de derechos humanos. También vincularon el intento de asesinato que sufrió con actores vinculados al actual Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, lo que suma otra capa de sospechas sobre su seguridad institucional.

Más allá de las razones personales, el pedido levanta cuestionamientos: ¿se trata de un caso excepcional o de una figura pública con tratamiento preferencial? El dispositivo de tobillera electrónica, obligatorio por ley en casos de prisión domiciliaria, fue rechazado por su defensa alegando que su custodia de la Policía Federal es suficiente.

Por ahora, la decisión final está en manos del Tribunal Oral Federal N.º 2, que deberá considerar la opinión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya pidieron la “inmediata detención” de la ex mandataria. Mientras tanto, Cristina Kirchner solicitó esperar la resolución judicial desde su hogar, evitando cualquier traslado a una unidad penitenciaria.