Fin del negocio vial: Cierran Vialidad, símbolo de la obra pública corrupta

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito, fue oficialmente cerrada por el Gobierno nacional. La decisión, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni y publicada en el Boletín Oficial, forma parte del plan de reestructuración del Estado impulsado por el Ministerio de Economía y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En su lugar, se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que absorberá funciones clave en materia de fiscalización, sanción y control de los servicios de transporte terrestre y de las concesiones viales. La nueva entidad tendrá atribuciones para inspeccionar in situ, aplicar sanciones, iniciar acciones legales, intervenir en accidentes ferroviarios, supervisar infraestructura y garantizar la seguridad y derechos de los usuarios.

Sin embargo, más allá del rediseño institucional, el cierre de Vialidad Nacional marca un punto de inflexión simbólico. Durante décadas, este organismo —fundamental en el desarrollo de infraestructura vial— fue también una herramienta predilecta para canalizar fondos, direccionar contratos y alimentar redes de corrupción en torno al poder político de turno. Las causas judiciales que involucraron a exfuncionarios y empresarios, y los escandalosos sobreprecios en la obra pública, convirtieron a Vialidad en sinónimo de “negocio de Estado”.

La disolución, en ese contexto, pretende ser algo más que un recorte presupuestario: es un mensaje político y moral. Un intento por cortar con una tradición enquistada donde el trazado de rutas parecía responder más a los intereses de amigos del poder que a las necesidades del país.

El nuevo esquema buscará garantizar eficiencia y control sin repetir los vicios del pasado. La clave estará en que el organismo que nazca no se transforme, otra vez, en una nueva caja negra con otro nombre.