Indulto vedado: El PRO impulsa prohibir beneficios a condenados por corrupción

A poco más de un día de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera beneficiada con prisión domiciliaria, un grupo de diputados del PRO, alineados con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó un proyecto de ley para prohibir que los condenados por delitos de corrupción puedan acceder al indulto presidencial.

El proyecto, impulsado por la diputada Silvana Giudici y acompañado por otros 12 legisladores del sector, busca modificar la Ley 27156 para que quienes hayan sido condenados por hechos de corrupción —como abuso de autoridad, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito— queden excluidos de la facultad presidencial de otorgar amnistía, indulto o conmutación de penas.

Giudici argumenta que esta medida es un paso para “armonizar la ley con el espíritu de la Constitución Nacional”, citando el artículo 36 que señala la imprescriptibilidad de los delitos contra el orden democrático y la imposibilidad de indultarlos o amnistiarlos. Para la diputada, los delitos de corrupción “no son delitos comunes”, sino que representan un atentado contra la democracia, equiparable a la traición a la patria.

Actualmente, solo quienes cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra están excluidos de recibir indultos. De aprobarse este proyecto, se ampliaría esta exclusión para abarcar también los delitos contra la administración pública, un avance significativo en la lucha contra la corrupción estructural.

Esta iniciativa legislativa surge en un contexto de fuerte debate político, tras las expresiones públicas de dirigentes del peronismo que impulsan la liberación y restitución de derechos políticos a Cristina Kirchner, apuntando a la próxima elección presidencial de 2027.

El proyecto consta de solo dos artículos, uno formal y otro de fondo, que especifica con detalle los delitos a excluir del indulto, marcando un claro límite jurídico para eventuales gobiernos futuros que puedan contemplar conceder este beneficio a condenados por corrupción.