Investigan al Banco Nación por préstamos millonarios a funcionarios

Una nueva polémica sacude al sistema político y financiero argentino. La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia para que la Justicia investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios por parte del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo.

Según la presentación, se habrían aprobado préstamos por montos que van desde $100 millones hasta más de $500 millones, lo que encendió sospechas sobre posibles condiciones preferenciales o flexibilización de requisitos. “Es necesario determinar si estos créditos responden a procedimientos normales o a condiciones excepcionales”, afirmó Frade en declaraciones a Cadena 3, citadas en la causa.

El caso tomó forma a partir del análisis de datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por plataformas de acceso público, donde se detectó un patrón de financiamiento concentrado en figuras políticamente expuestas. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios del equipo económico y diputados oficialistas, lo que profundiza la dimensión política del expediente.

En ese contexto, la denuncia advierte sobre la posible existencia de tráfico de influencias, en caso de comprobarse que la posición de los beneficiarios haya incidido en la aprobación de los créditos.

Sin embargo, desde el banco rechazaron categóricamente las acusaciones. La directora Carolina Píparo aseguró que “no hubo ilegalidad ni discrecionalidad” y defendió que el sistema de evaluación es “100% digital, trazable y basado en la capacidad de pago”. En la misma línea, fuentes de la entidad señalaron al diario Clarín que los préstamos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que a cualquier cliente, destacando además el peso del Banco Nación en el mercado hipotecario.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá avanzar con medidas clave como el acceso a legajos completos, actas de directorio y peritajes contables, para determinar si existió un perjuicio económico o irregularidades en la asignación de los fondos.

El caso abre un nuevo foco de tensión en torno a la transparencia en el uso de recursos financieros públicos, en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo limitado para gran parte de la sociedad.