Javier Milei da de baja a 7 mil trabajadores y 45 mil serán revisados

En una movida sin precedentes, el presidente de la Nación, Javier Milei, firma el Decreto 84/23, dejando sin renovación los contratos de alrededor de 7 mil empleados públicos que ingresaron a partir del primero de enero de 2023. La publicación en el Boletín Oficial el martes revela una medida drástica que abarca a empleados transitorios y de diversas modalidades de contratación en la administración nacional, incluyendo entidades como la ANSES, el PAMI y la AFIP.

El artículo 1° del decreto establece de manera tajante que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas". Esto deja en la cuerda floja a miles de empleados de distintas áreas gubernamentales.

Sin embargo, el ajuste no afecta a todos por igual. Aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales quedan excluidos, así como también las contrataciones derivadas de cupos regulados por ley u otras protecciones especiales. Además, se preserva el personal que haya cambiado su modalidad de contratación después del 1° de enero de 2023 y aquel que sea considerado indispensable para el organismo en el que trabaja.

El impacto se amplía aún más, ya que el artículo 3 establece que los contratos de otros 45 mil empleados estatales, cuyos acuerdos fueron firmados antes de enero de 2023, entrarán en revisión durante los próximos 90 días, generando un clima de incertidumbre en el ámbito laboral.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se había advertido previamente sobre el riesgo inminente para al menos 7 mil puestos de trabajo. Ahora, la atención se centra en la respuesta de los sindicatos y en cómo afrontarán este drástico cambio en el empleo público. La medida, más allá de las justificaciones económicas, deja un amplio interrogante sobre el impacto social y laboral que podría tener en la población afectada.