Sociedad | Por $684 mil millones
La Justicia confirmó que Cristina Kirchner y Lázaro Báez deberán afrontar el decomiso millonario en la causa Vialidad
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el Tribunal Oral Federal 2 será el encargado de ejecutar el decomiso por más de $684 mil millones dispuesto en la condena por la causa Vialidad, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. El tribunal rechazó los recursos de ambas defensas y reafirmó su competencia.
25-10-2025
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) continuará a cargo del decomiso multimillonario dictado en la causa Vialidad, al rechazar los recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez.
El fallo, firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, dispuso que el TOF 2, junto con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, lleve adelante la ejecución del decomiso que —actualizado— asciende a $684.990.350.139,86.
En la resolución, el tribunal sostuvo que “el decomiso del producto de un hecho delictivo se ha transformado en un eslabón central de la investigación penal”, destacando la obligación judicial de avanzar sobre los bienes y ganancias obtenidas de manera ilícita.
El juez Hornos enfatizó que los magistrados deben proceder a la confiscación no sólo de los elementos usados para cometer el delito, sino también de los beneficios económicos derivados de él.
Por su parte, Borinsky desestimó el planteo de Báez, al recordar que “cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó”, pese a la unificación de penas.
La defensa de Cristina Kirchner había argumentado que el decomiso debía tramitarse en el fuero comercial federal, mientras que la de Báez reclamó que sus bienes ya estaban bajo medida cautelar en otra causa (“la ruta del dinero”). Ambos planteos fueron rechazados.
De esta manera, el TOF 2 seguirá a cargo de la ejecución de la sentencia que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, pena que cumple bajo arresto domiciliario, y a Lázaro Báez a 15 años de prisión, por su rol en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El fallo reafirma el principio de responsabilidad patrimonial de los condenados y marca un nuevo avance judicial en uno de los procesos más emblemáticos por corrupción y administración fraudulenta en la historia reciente del país.