Los 14 puntos claves del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo destinado al mantenimiento del orden público con el objetivo de asegurar la libre circulación frente a manifestaciones, piquetes o bloqueos. La medida contempla la intervención de las cuatro fuerzas federales en caso de delitos flagrantes durante protestas en la vía pública.

Según Bullrich, el protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de leyes con penas de prisión y el cobro de los gastos generados por la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa. La ministra enfatizó que "la ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple."

Bullrich subrayó la decisión del Gobierno de cambiar la forma de buscar beneficios sociales, indicando que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no será a través de cortes. Advirtió que "si se toma la calle, va a haber consecuencias" y que el objetivo es ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz.

El anuncio generó fuertes críticas y calificaciones de inconstitucionalidad por parte de distintos dirigentes y organizaciones políticas. Algunos consideran la medida como una amenaza ante posibles conflictos sociales derivados de las políticas del Gobierno.

En respuesta, referentes del Partido Obrero reivindicaron el derecho a la manifestación y cuestionaron la legalidad de la medida. La diputada Myriam Bregman y otros dirigentes expresaron que la medida busca reprimir la protesta del pueblo trabajador.

Organizaciones sindicales, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), repudiaron el protocolo, calificándolo de inconstitucional y señalando que los conflictos sociales deben ser resueltos por quienes gobiernan, no por la policía o la justicia.

El protocolo fue anunciado previo a un "paro activo" convocado por organizaciones de izquierda en respuesta a medidas del ministro de Economía. La controversia se suma a un contexto de creciente tensión social, recordando eventos del pasado como las jornadas de diciembre de 2001.

1. Las cuatro fuerzas federales, junto con el Servicio Penitenciario Federal, estarán autorizadas para intervenir en situaciones de cortes, piquetes y bloqueos, ya sean parciales o totales. Patricia Bullrich advirtió enfáticamente que "la ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple".

2. La intervención de las fuerzas se regirá por los códigos procesales vigentes, permitiendo la acción inmediata en casos de delito flagrante. Los delitos serán determinados conforme al artículo 194 del Código Penal, posibilitando la intervención en flagrancia de las fuerzas federales.

3. La existencia de vías alternativas no será tomada en cuenta como justificación para mantener cortada la vía principal. Bullrich subrayó que la liberación de la vía principal es imperativa, independientemente de la presencia de rutas alternativas.

4. Las fuerzas actuarán hasta lograr la completa liberación del espacio de circulación, empleando la mínima fuerza necesaria y proporcional a la resistencia encontrada.

5. Se llevará a cabo la identificación de autores, cómplices e instigadores de delitos relacionados con cortes, piquetes y bloqueos.

6. La identificación de vehículos utilizados y sus conductores, así como el registro de infracciones administrativas y/o penales, será seguida por la incautación de vehículos que no cumplan con las normas de tránsito o cuyos conductores carezcan de la documentación requerida.

7. Las estaciones de tren también estarán sujetas a intervención, especialmente cuando se detecten personas portando objetos que podrían ser utilizados para ocultar su identidad durante manifestaciones.

8. Los datos de los responsables, incluyendo autores, cómplices, participantes, instigadores y organizadores, serán remitidos a las autoridades correspondientes, ya sea para bloqueos de personas jurídicas ante la IGJ o para casos de bloqueo de empresas por parte de sindicatos o trabajadores.

9. En caso de daño ambiental durante las manifestaciones, se informará a un juez competente, particularmente en situaciones como la quema de neumáticos, que representa un riesgo para el entorno y las personas.

10. La participación de niños y adolescentes será notificada a la autoridad competente para la protección de menores, y se aplicarán sanciones a aquellos que los lleven consigo en lugar de estar en la escuela.

11. Todas las organizaciones o individuos responsables de los operativos de seguridad recibirán una factura por los costos asociados. Bullrich enfatizó que el Estado no asumirá los gastos de las fuerzas de seguridad, sino que serán responsabilidad de las organizaciones o individuos con personería jurídica.

12. En el caso de extranjeros con residencia provisoria, se enviará la información pertinente a la Dirección Nacional de Migraciones.

13. Se establecerá un registro de organizaciones que participen sistemáticamente en manifestaciones de este tipo y que actúen como voceros, permitiendo un seguimiento más efectivo de su involucramiento en eventos similares.