Más de 65.000 pensiones por invalidez suspendidas en medio de auditorías nacionales

El proceso de auditoría y revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral avanza con fuerza en todo el país. Hasta el momento, ya se han suspendido 65.789 beneficios por incumplimientos en los requisitos exigidos o incomparecencias injustificadas a las evaluaciones médicas.

La medida, impulsada con el objetivo de optimizar los recursos del Estado y garantizar una distribución más justa, también arrojó otras cifras significativas: 6.643 bajas corresponden a personas fallecidas, mientras que 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente a la pensión.

Desde el Gobierno nacional sostienen que esta depuración busca redirigir la ayuda a quienes realmente lo necesitan, priorizando a las personas con discapacidad que no tienen otra forma de sostén. “Es un paso necesario para garantizar equidad y transparencia en el sistema”, señalaron desde el organismo encargado de las auditorías.

Sin embargo, el avance del operativo ha despertado preocupación en distintos sectores sociales, donde señalan que podrían producirse suspensiones injustas por falta de información, confusión administrativa o problemas de acceso a las convocatorias. Si bien se insiste en que los afectados pueden regularizar su situación, muchos temen quedar desprotegidos ante un sistema que no siempre comunica con claridad.

Las autoridades insisten en que se mantendrá una comunicación abierta y llaman a los beneficiarios a cumplir con los requisitos y asistir a los controles médicos para evitar la pérdida de derechos. Las auditorías continuarán en los próximos meses.