¿Menores presos desde los 14? El Congreso da un paso clave hacia la reforma penal juvenil

En una sesión intensa en el Congreso, el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista alcanzaron un dictamen de mayoría que impulsa una reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. La propuesta, motorizada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otras fuerzas aliadas, superando el proyecto alternativo de Unión por la Patria (UxP), que mantenía el umbral en los 16 años.

La diputada Laura Rodríguez Machado anunció la existencia de 77 firmas en apoyo al dictamen, lo que marcó un paso determinante en el tratamiento legislativo del tema. El texto final fue el resultado de ocho reuniones en comisiones con la participación de especialistas, muchos de los cuales cuestionaron duramente la propuesta del Gobierno.

Desde UxP, el diputado Germán Martínez intentó postergar la firma alegando que el tema “no estaba maduro”, pero la moción fue rechazada. A su vez, otros legisladores del bloque opositor denunciaron que el debate fue una puesta en escena para legitimar una decisión previamente acordada.

Por otro lado, desde la UCR, Roxana Reyes subrayó el enfoque resocializador del nuevo régimen: “Este proyecto apunta a ofrecer medidas socioeducativas, penas alternativas y acompañamiento integral para jóvenes en conflicto con la ley penal”.

En la vereda opuesta, Christian Castillo, del Frente de Izquierda, fue tajante: “Esto es una bomba de humo que no resuelve el problema del delito juvenil. La experiencia internacional muestra que bajar la edad no reduce los delitos, sino que puede agravarlos”.

La diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, se despegó del proyecto original enviado por el Ejecutivo y resaltó la incorporación de garantías procesales que hoy no existen para jóvenes de entre 16 y 18 años, como el debido proceso y el derecho a ser oídos.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo régimen no se basa en el castigo, sino en una respuesta integral del Estado, que hoy está ausente: “Con esta ley, un joven podrá ser contenido, escuchado y acompañado para su reinserción”.

Desde el espacio Democracia para Siempre, Fernando Carbajal criticó el discurso punitivista: “Rechazamos ese eslogan despreciable de ‘delito de adulto, pena de adulto’. El dictamen contempla escalas de pena proporcionadas y alternativas a la prisión, reservando el encierro solo para casos de extrema gravedad”.

Sin embargo, persisten fuertes reparos en sectores de la oposición. Matías Molle, del kirchnerismo, advirtió que esta ley puede derivar en una mayor institucionalización de menores en comisarías, un problema que —según él— ya afecta a más de 13 mil personas detenidas en condiciones irregulares.

Finalmente, José Glinski calificó el proceso como una “farsa mediática” y cuestionó lo que llamó una “hipocresía garantista” por parte del oficialismo.

Mientras el proyecto se encamina al recinto, crecen las voces que reclaman un debate más profundo sobre qué tipo de justicia y de sociedad queremos construir para los jóvenes.