Nueva «Ley de Libertad Educativa»: el Gobierno impulsa vouchers, educación en casa y un examen nacional

El Gobierno nacional presentó su proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa que busca reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006. El texto, de 43 páginas, consolida un modelo que coloca a las familias en el centro de las decisiones educativas, limita el rol del Estado e incorpora herramientas propias de sistemas liberales.

Entre las principales innovaciones aparecen la educación en el hogar, la autorización de mecanismos de financiamiento por demanda —equivalentes a vouchers— y la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), que medirá aprendizajes en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades.

Vouchers, homeschooling y mayor control familiar

Aunque el proyecto evita el término “voucher”, habilita que las familias reciban vales o asignaciones para elegir libremente la institución de su preferencia. La educación en casa, casi inexistente en Argentina, quedará legalmente permitida siempre que los estudiantes se registren en el sistema educativo y rindan las evaluaciones oficiales.

Además, se crean los Consejos Escolares de Padres en todas las escuelas públicas, con funciones de asesoramiento y supervisión, incluso con la posibilidad de intervenir en la selección o remoción de directivos. La idea central: ampliar la participación de las familias en el funcionamiento institucional.

El proyecto también obliga a publicar resultados por escuela de las pruebas estandarizadas, promoviendo la transparencia y la libre elección de establecimientos.

Evaluación docente y auditoría universitaria

La reforma prevé que los docentes sean evaluados al menos cada cuatro años, aunque aún no se definieron los criterios. En cuanto a las universidades públicas, establece auditorías conjuntas de la AGN, la SIGEN y el Ministerio de Capital Humano, buscando fortalecer la trazabilidad del uso de fondos.

Lo que quedó fuera de la versión final

El Gobierno descartó dos puntos polémicos del borrador original: la incorporación de educación religiosa en escuelas públicas y la equiparación del financiamiento estatal para instituciones privadas y públicas.

La administración de Javier Milei apuesta a una reforma estructural basada en la libertad de elección, la responsabilidad familiar y la eficiencia del gasto, en un contexto político donde se anticipa un fuerte debate parlamentario sobre el futuro del sistema educativo argentino.