PolÃtica | Caso de Contratos Estatales
Ordenan la inhibición de bienes de Alberto Fernández
La Justicia ha tomado medidas significativas en la investigación de contratos estatales con Nación Seguros SA., involucrando al expresidente Alberto Fernández y otros actores clave.
10-04-2024
En un giro significativo en el caso de los contratos estatales con Nación Seguros SA., el juez federal Julián Ercolini ha ordenado la inhibición general de bienes no solo del expresidente Alberto Fernández, sino también del broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Marta Cantero, exsecretaria del jefe de Estado. Esta decisión, anunciada por Clarín el martes por la noche, surge como parte de la investigación en curso sobre los contratos realizados por diversos organismos del Estado, especialmente aquellos firmados con ANSES.
El fallo judicial se enfoca en la posible existencia de una organización delictiva que habría operado durante la presidencia de Alberto Fernández, facilitando contratos con la aseguradora mencionada mediante intermediarios y empresas. El levantamiento del secreto bancario, solicitado por el fiscal Carlos Rívolo, abarca a los principales involucrados, incluido el expresidente Fernández, Martínez Sosa, su empresa y la esposa del expresidente, entre otras personas físicas y jurídicas bajo investigación.
La causa dirigida por el juez Ercolini se centra particularmente en el Decreto 823/2021, emitido por Alberto Fernández, que imponía la exclusividad de contratación de seguros estatales con Nación Seguros SA. Sin embargo, se cuestiona que este decreto permitía la intermediación con la consecuente percepción de comisiones millonarias. Además, se resalta que esta decisión anuló la posibilidad de licitaciones públicas que promuevan la competencia y transparencia en dichas contrataciones.
El análisis de cinco firmas involucradas, destacadas por una auditoría de Nación Seguros a principios de año, proporciona más detalles sobre el entramado de esta investigación. Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A., TG Broker S.A., Bachellier S.A., Castello Mercuri S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. emergen como piezas clave en este rompecabezas judicial en desarrollo.