Postergan hasta febrero el histórico juicio por contaminación en Pergamino

El juicio oral contra siete productores agroindustriales y dos funcionarios públicos —acusados de contaminación ambiental por fumigaciones en Pergamino—, que debía arrancar esta semana en Rosario, fue suspendido. El tribunal lo reprogramó para el 4 de febrero de 2026.

La medida responde a la solicitud de una evaluación psiquiátrica sobre la capacidad jurídica de uno de los imputados, un productor de edad avanzada cuya condición puso en duda su aptitud para ser juzgado.

La audiencia decisiva para definir su situación está convocada para el 17 de diciembre de 2025. Hasta ese dictamen, el juicio quedará en pausa.

Una causa que pesa por su significado social y ambiental

Esta causa, iniciada tras denuncias impulsadas por vecinos como Sabrina Ortiz y organizaciones de defensa ambiental, se convirtió en un símbolo de la lucha de las “comunidades fumigadas”.

El proceso, que demandó siete años de investigación y movilización, llevará adelante un debate presencial extenso: con múltiples testigos, peritos, y una estructura judicial compleja.

La representación de las querellas estará a cargo de los abogados penalistas Carlos María González Quintana y Fernando Cabaleiro, quienes llevan años sosteniendo la causa frente a presiones del poder económico y político local.

Un aplazo con lectura política: dilaciones, defensas y lucha ciudadana

Aunque la postergación puede verse como una demora, desde las querellas advierten que refleja las estrategias defensivas habituales cuando se enfrentan intereses poderosos. Pero aclaran: la causa no se detiene, y reclaman que la sociedad mantenga el foco en la denuncia.

Para sostener la logística —viajes, estadías, organización del juicio—, los impulsores de la causa apelan a aportes comunitarios, a través de una cuenta bancaria colectiva. Creen que cada contribución, por pequeña que sea, fortalece la construcción de un fallo ejemplar.

Un caso paradigmático que trasciende Pergamino

El juicio de Pergamino no está aislado: se conecta con denuncias similares en varias provincias —como Santa Fe— donde comunidades resistieron por años la exposición a agroquímicos.

Este proceso podría marcar un antes y un después en la historia de la justicia ambiental en Argentina, sentando un precedente crucial para los derechos de pueblos rurales frente al agronegocio.