EconomÃa y Empresas | Rafaela
Procesan a dos exdirectivos de Sancor por una millonaria apropiación de aportes previsionales
La Justicia Federal de Rafaela imputó a dos expresidentes del Consejo de Administración de la cooperativa láctea por no depositar aportes de trabajadores al sistema de la Seguridad Social. El monto evadido supera los $1.644 millones y se ordenaron embargos millonarios.
Hace 2 horas.
El Juzgado Federal de Rafaela, a cargo de Aurelio Cuello Murúa, procesó a dos exdirectivos de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas por la apropiación indebida de aportes sociales que debían ser destinados al Sistema Único de la Seguridad Social. La maniobra investigada abarca el período 2020–2024 y alcanza una suma total de $1.644.440.882,68.
La resolución, firmada el 17 de diciembre, hizo lugar al pedido del fiscal federal Gustavo Onel y rechazó la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa. Además, el magistrado ordenó el embargo de bienes por $90 millones para cada uno de los imputados.
La causa se inició en 2023, tras denuncias simultáneas de trabajadores de las plantas de Sunchales (Santa Fe) y Don Torcuato (Buenos Aires), quienes advirtieron que, pese a los descuentos en sus recibos de sueldo, los aportes jubilatorios y a obras sociales no habían sido depositados. Por tratarse de un presunto delito tributario federal, las actuaciones confluyeron en el juzgado rafaelino.
Según la investigación, el primer exdirectivo —presidente entre febrero de 2020 y octubre de 2022— habría cometido 17 hechos de apropiación indebida; su sucesor, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, otros 16 hechos. La empresa actuaba como agente de retención, pero omitió ingresar los fondos dentro de los plazos legales, configurando el delito previsto en el artículo 7° del Régimen Penal Tributario.
En su fallo, Cuello Murúa subrayó el carácter intencional de las conductas: los imputados conocían su obligación legal y, aun así, decidieron no cumplirla, con el propósito de obtener una mejora patrimonial. La prueba reunida incluye denuncias de trabajadores, informes previsionales de la AFIP, documentación del INAES y registros societarios de la cooperativa.
Si bien el procesamiento fue sin prisión preventiva, el juez impuso restricciones y deberes de conducta, como someterse al proceso, no entorpecer la investigación y notificar cambios de domicilio. En caso de no ofrecer bienes para el embargo, se ordenará la inhibición general.
Foto: Punto Biz