Aunque los ingresos del Estado aumentaron en términos nominales, la suba no logra ganarle a la inflación y confirma una caída real. El impacto ya se siente en provincias y municipios.
La recaudación tributaria de marzo volvió a dejar una señal clara sobre el rumbo de la economía: los ingresos crecieron, pero no alcanzaron a seguirle el ritmo a la inflación, lo que implica una nueva caída en términos reales.
De acuerdo a los datos oficiales de ARCA, el Estado nacional recaudó $16,017 billones, con un incremento interanual del 26,2%. Sin embargo, la inflación del mismo período rondó el 31%, generando un desfasaje que evidencia la pérdida de poder adquisitivo y la desaceleración económica.
El análisis por tributos refleja un escenario mayormente negativo. El IVA, considerado un termómetro del consumo, alcanzó los $5,6 billones con una suba del 28,7%, también por debajo de la inflación. El dato confirma la caída del consumo interno, agravada además por la baja en las importaciones.
Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró una performance aún más débil: $2,6 billones recaudados y un crecimiento del 17,1%, afectado por cambios en el tributo y la falta de anticipos de empresas.
En el frente externo, las retenciones a las exportaciones registraron una caída nominal del 14,6%, impactadas por la reducción de alícuotas en cultivos clave como soja, trigo y maíz. Los derechos de importación crecieron, pero condicionados por una menor actividad comercial.
Los recursos de la Seguridad Social sumaron $4,4 billones con un alza del 28,5%, impulsados por los salarios formales, aunque también quedaron por detrás de la inflación, reflejando el deterioro del ingreso real.
Como excepción, el impuesto al cheque logró superar la inflación con una suba del 38,4%, aunque su peso no alcanza para revertir la tendencia general.
El trasfondo económico explica estos números: inflación persistente, suba de tarifas, transporte y salud, junto a un ingreso cada vez más ajustado, generan un freno en el consumo que impacta directamente en la recaudación.
Este escenario no solo afecta a la Nación. La caída de recursos también golpea a provincias y municipios, que dependen en gran parte de la coparticipación. En ese marco, los gobiernos locales enfrentan mayores demandas sociales con menos recursos disponibles, profundizando la tensión fiscal.