Reordenamiento estatal: El Gobierno reestructura siete organismos para mejorar eficiencia y reducir costos

El Gobierno nacional continúa su plan de modernización y racionalización del Estado con la reestructuración de siete organismos públicos que, según fuentes oficiales, presentaban problemas de eficiencia, duplicación de funciones y sobrecarga burocrática.

Entre los afectados están el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

Cada organismo será reestructurado para depender de distintas secretarías dentro del Ministerio de Economía, o bien disuelto para trasladar sus funciones a otras áreas, con el fin de eliminar superposiciones y costos innecesarios:

• El INTI, con más de 2.300 empleados y un presupuesto superior a $85.600 millones, será convertido en una unidad dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, enfocándose en su rol técnico y de innovación, mientras se acota su estructura administrativa inflada.

• El INTA, emblemático en el sector agropecuario con más de 6.000 agentes y presupuesto de $229.000 millones, se concentrará en la investigación y transferencia tecnológica, abandonando actividades políticas y de extensión excesivas.

• La Agencia ARICCAME se disuelve y sus responsabilidades se repartirán entre la ANMAT y la Secretaría de Industria y Comercio, optimizando la regulación del cáñamo y cannabis medicinal bajo criterios sanitarios claros.

• El INAFCI, acusado de funcionar como una caja política con más de 900 contratados y fuerte gasto en sueldos, será eliminado, y sus funciones pasarán a la Secretaría de Agricultura para evitar clientelismos.

• El INASE perderá autonomía y se integrará a la Secretaría de Agricultura para unificar la fiscalización y regulación de semillas.

• El INV también será subordinado a la Secretaría de Agricultura, manteniendo la certificación internacional de vinos, pero reduciendo controles excesivos y burocráticos que afectan a pequeños productores.

• Finalmente, el INPI dejará de ser un organismo descentralizado para transformarse en una entidad desconcentrada dentro de Industria y Comercio, manteniendo su autonomía técnica pero sin personería jurídica.

El Ejecutivo busca con estas medidas un equilibrio fiscal más sólido, una gestión pública más ágil y un Estado que cumpla funciones estratégicas y técnicas, evitando competir con el sector privado y reduciendo gastos innecesarios.