San Nicolás: Manuel Passaglia multado por desobedecer fallo judicial sobre reserva natural

En un inusual y significativo giro judicial, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha decidido tomar medidas enérgicas contra el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, por su flagrante incumplimiento de un fallo judicial que le prohíbe continuar con una obra de pavimentación en la valiosa Reserva Natural "Parque Aguiar".

La multa y el embargo de su sueldo son la respuesta a un caso legal que lleva por título "Asociación Civil Sin Fines de Lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA) contra Provincia de Buenos Aires - Municipalidad de San Nicolás", actualmente en proceso ante la Corte Suprema.

El trasfondo de esta controversia se centra en la impugnación por parte de la asociación civil de ciertos aspectos del Código Urbano Ambiental de San Nicolás, aprobado en 2021, que, según argumentan, "causan un daño grave o destrucción a los ecosistemas de bosques nativos y humedales de la Reserva Natural Costera Rafael de Aguiar".

El 12 de mayo de este año, la máxima autoridad judicial provincial emitió una sentencia que suspendía temporalmente cinco puntos del Código Urbano Ambiental que impactaban negativamente en la Reserva. Este dictamen fue reportado por el portal ambientalistas.org.ar.

En la misma sentencia, la Corte Suprema ordenó al municipio "cerrar de inmediato las obras que se han realizado y están en curso en los puentes de acceso vehicular a la zona insular y las vías de acceso a las playas Barranquitas y El Arenal".

Además, el tribunal exigió la paralización total de las obras y la retirada de "todos los vehículos de construcción, automóviles, camiones y cualquier otro tipo de equipo utilizado en dichos trabajos", según lo establecido en la resolución.

Ante la negativa del intendente Passaglia de acatar estas disposiciones y en respuesta a una nueva denuncia presentada por FOMEA ante la Corte Suprema, el tribunal decidió aplicar la multa previamente establecida, ordenando al Banco Provincia que abra una cuenta judicial para ejecutar el depósito de la multa de manera automática.

La multa se aplica de manera retroactiva desde la fecha de entrada en vigor de la medida cautelar, lo que representa para el intendente una suma cercana a los $2 millones, además de una cantidad adicional por cada día de retraso en el cumplimiento de la orden, que asciende a alrededor de $18,000 por día. Este caso ejemplifica la importancia de respetar las decisiones judiciales y el imperativo de proteger y conservar nuestras reservas naturales.