¿Se podría haber evitado? La tragedia silenciosa del fentanilo contaminado que ya dejó 33 muertes

La muerte ya tiene nombre y laboratorio: fentanilo contaminado. Con 33 fallecimientos confirmados, una ola de allanamientos y una investigación federal que escala día a día, la crisis sanitaria por el opioide adulterado ya es uno de los escándalos más graves de los últimos años en el país. El epicentro está en el Hospital Italiano de La Plata, pero la onda expansiva alcanza a laboratorios, droguerías y organismos de control.

El juez federal Ernesto Kreplak busca establecer la trazabilidad completa del lote contaminado que, según las pericias, fue producido por los ya clausurados HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.. La ANMAT, por su parte, prohibió todos los productos de esas firmas y ordenó inmovilizarlos en hospitales y droguerías.

Siete allanamientos simultáneos se realizaron este domingo en seis ciudades: entre ellas San Isidro, Rosario, Sunchales, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Se secuestraron muestras, documentación, teléfonos y computadoras, y se identificaron responsables técnicos y logísticos. Parte del lote contaminado fue hallado en uno de los sitios inspeccionados.

El caso estalló públicamente en mayo tras la muerte de nueve pacientes internados en terapia intensiva en el Hospital Italiano, todos tratados con fentanilo inyectable. Las muestras revelaron la presencia de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias no habituales que apuntan a una contaminación en origen, durante la producción o envasado.

El juez Kreplak ordenó la clausura de laboratorios, inhibiciones de bienes y el secuestro de información clave. En paralelo, la causa avanza sin imputados, pero ya se evalúa si hubo negligencia grave, omisión de controles o incluso conocimiento previo del riesgo sanitario, lo que podría derivar en penas de prisión efectiva por homicidio culposo agravado o suministro de sustancias peligrosas.

HLB Pharma ya arrastraba un historial alarmante: sanciones por trazabilidad deficiente, falsificación de medicamentos y contaminación en drogas críticas. Sus actuales propietarios, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, también fueron vinculados al polémico Laboratorio Apolo, protagonista de denuncias de contrabando y una explosión mortal en Rosario.

La pregunta que atraviesa la causa es tan incómoda como inevitable: ¿por qué, pese a estos antecedentes, siguieron operando? ¿Y por qué algunos hospitales, como el Italiano, compraban directamente a estos laboratorios sin intermediarios oficiales?

Mientras el Instituto Malbrán y el INAME analizan las muestras y la ANMAT intenta recomponer la cadena de confianza, la sociedad espera respuestas y justicia. Porque detrás de cada ampolla contaminada hubo una vida que se apagó sin aviso, en silencio, y con la complicidad de un sistema que no supo —o no quiso— ver.