Tras los accidentes en la costa, impulsan penas más duras para la conducción imprudente en playas

En un nuevo verano marcado por accidentes viales en playas y zonas de dunas, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, confirmó que impulsará un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para endurecer las penas contra quienes incurran en conducción irresponsable, especialmente en distritos turísticos.

La iniciativa busca dar respuesta a una problemática que se repite año tras año en la Costa Atlántica, con especial foco en cuatriciclos y vehículos que circulan por playas, espacios compartidos por familias, niños y turistas. El objetivo es castigar con mayor severidad las conductas temerarias y reducir el riesgo de accidentes graves o fatales.

Desde hace tiempo, los municipios advierten sobre un vacío legal, ya que la Ley de Seguridad Vial provincial 13.927/09 no regula de manera específica la circulación en playas. Ante esa ausencia, son las comunas las que, mediante ordenanzas locales, intentan imponer límites y controles que, en temporada alta, muchas veces resultan insuficientes.

Algunos distritos ya avanzaron con restricciones: Villa Gesell prohibió el acceso vehicular a la playa desde el centro hasta Mar Azul, Tres Arroyos hizo lo propio en Claromecó, Monte Hermoso limitó el estacionamiento sobre la arena y Coronel Rosales restringió la circulación en sectores de Pehuen Co. Sin embargo, en zonas como “La Frontera”, al norte de Pinamar, los accidentes graves y las muertes se repiten cada verano.

“Necesitamos una legislación que contemple la realidad de los distritos turísticos y permita aplicar sanciones más duras y efectivas”, sostuvo Barrera en declaraciones radiales, al tiempo que remarcó la importancia de políticas públicas orientadas a la seguridad vial, el cuidado ambiental y la convivencia responsable.

Actualmente, las sanciones se rigen por la normativa provincial, con multas que van de 180.000 a 1.800.000 pesos por infracciones como falta de casco, VTV o registro vencido, pero sin un régimen específico para playas, cuya administración queda en manos de los municipios a través de concesiones. El proyecto apunta a cerrar ese vacío y poner un freno a la imprudencia en uno de los escenarios más sensibles del verano.

Foto: Clarín