Adorni abrió la puerta a cerrar la TV Pública y confirmó un cambio de nombre

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, volvió a encender la polémica al asegurar que el Gobierno evalúa la posibilidad de cerrar la Televisión Pública, aunque aclaró que, por el momento, la decisión inmediata será cambiarle el nombre y profundizar un proceso de achicamiento del gasto.

“La ley no permite privatizarla, pero sí podemos hacerla más chica y eficiente”, sostuvo el funcionario en una entrevista en streaming, donde afirmó que el Ejecutivo tiene la facultad de reducir su estructura al mínimo. Incluso, fue más allá al señalar que “está la chance de cerrarla”, aunque aclaró que esa medida no se aplicará en lo inmediato.

En ese marco, Adorni confirmó lo que definió como una “primicia”: la señal dejará de llamarse TV Pública. Según explicó, el cambio responde a la intención del oficialismo de marcar un giro simbólico en la gestión de los medios estatales, a través de retiros voluntarios y otros procedimientos internos. Para el funcionario, el nombre actual “suena kirchnerista” y no representa la nueva etapa impulsada por La Libertad Avanza.

Desde la Casa Rosada también recordaron que, desde la asunción del presidente Javier Milei, existe una directiva clara para retirar cartelería y contenidos con carga ideológica en todas las dependencias del Estado, incluidos los medios públicos.

La reestructuración se da en el marco de la prórroga de la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA), oficializada mediante el Decreto 79/2026, que extiende el control estatal sobre la TV Pública y Radio Nacional hasta el 1º de febrero de 2027.

En paralelo, el Gobierno impulsa un plan de retiros voluntarios que apunta a reducir la planta de personal en unas 500 personas, cerca del 20% de los 2.400 empleados que hoy integran los medios públicos. En el caso puntual de la TV Pública, la dotación asciende a casi 1.300 trabajadores, cifra que la actual gestión considera “excesiva”.

La situación laboral genera una fuerte tensión con los gremios. Sindicatos como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denuncian que los salarios permanecen prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que provocó una pérdida del poder adquisitivo y dejó a numerosos trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

Además, los empleados de la TV Pública rechazan la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y advierten que el ajuste en marcha podría causar “un daño irreversible” a los medios públicos.