Piden condenas por fumigaciones con agroquímicos y un decomiso que podría sentar un precedente histórico

El juicio federal por las fumigaciones con agroquímicos en Pergamino ingresó en una etapa clave y podría convertirse en uno de los fallos más trascendentes de la historia judicial ambiental del país. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, la Fiscalía pidió penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión, además de inhabilitaciones para ejercer actividades vinculadas al sector agropecuario.

Sin embargo, el aspecto que genera mayor expectativa es el pedido de decomiso de los campos y de la maquinaria presuntamente utilizada en las fumigaciones investigadas, una medida poco frecuente en este tipo de procesos y que podría redefinir el alcance de las sanciones por delitos ambientales.

Un proceso que pone en debate la salud y el ambiente

La causa analiza hechos ocurridos entre 2011 y 2019 y reúne a productores rurales, profesionales vinculados a las aplicaciones y exfuncionarios municipales acusados de incumplimientos en tareas de control ambiental. El expediente se convirtió en un símbolo de la discusión sobre los límites de las fumigaciones cerca de viviendas, escuelas y áreas pobladas.

Durante años, vecinos denunciaron la presencia de agroquímicos en el entorno urbano y reclamaron mayores controles. El juicio reunió testimonios, estudios ambientales, pericias técnicas y análisis médicos destinados a determinar si existieron riesgos para la salud de la población y daños al ambiente.

El decomiso, el punto que puede cambiar la jurisprudencia

Más allá de las penas solicitadas, la Fiscalía sostuvo que el decomiso de los inmuebles y equipos involucrados debe entenderse como una herramienta de prevención, reparación ambiental y disuasión de futuras conductas similares. La querella incluso pidió ampliar el alcance de esa medida, planteando que la sentencia podría transformarse en una referencia para futuras causas ambientales en todo el país.

Si el tribunal avala ese criterio, se abriría una discusión inédita sobre la responsabilidad patrimonial derivada de actividades que generen contaminación o afectaciones ambientales.

También investigan el rol de exfuncionarios

La causa no solo apunta a quienes habrían realizado las aplicaciones cuestionadas. La Fiscalía también solicitó condenas para exfuncionarios municipales vinculados a áreas de control ambiental, al considerar que pudo haber existido una falta de fiscalización adecuada frente a las denuncias vecinales.

Según la acusación, durante años se habrían registrado reclamos por parte de habitantes de sectores afectados sin que existieran respuestas o controles efectivos que evitaran la continuidad de las prácticas denunciadas.

El antecedente que cambió las reglas en Pergamino

El proceso tiene como antecedente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal en 2019 que estableció restricciones para las fumigaciones terrestres y aéreas en cercanías de zonas urbanas y periurbanas de Pergamino. Ese fallo pasó a ser uno de los más citados en conflictos relacionados con agroquímicos en Argentina y es considerado una referencia en materia de protección ambiental.

Ahora, la expectativa está puesta en la sentencia que deberá definir si existieron delitos ambientales, cuál fue el grado de responsabilidad de los acusados y hasta dónde puede avanzar la Justicia frente a actividades económicas que, según la acusación, generan riesgos para la salud colectiva.

La decisión judicial, que se espera para las próximas semanas, podría convertirse en un punto de inflexión para futuras causas vinculadas al uso de agroquímicos y la protección ambiental en Argentina.