SOCIEDAD | Reclaman la intervención

Denuncian maltrato y abuso de poder contra docentes en General Villegas

La senadora provincial de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, presentó un proyecto para exigir respuestas de la Dirección General de Cultura y Educación. Los gremios docentes denuncian presuntos episodios de hostigamiento, destrato y abuso de autoridad en la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito, conducida por Alejandra Santandrea.

Denuncian maltrato y abuso de poder contra docentes

Denuncian maltrato y abuso de poder contra docentes

Hace 12 minutos.

Las denuncias por presunto maltrato y abuso de poder contra docentes de General Villegas llegaron a la Legislatura bonaerense. La senadora de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, presentó un proyecto para reclamar la intervención de las autoridades educativas provinciales ante una serie de cuestionamientos al funcionamiento de la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito.

La iniciativa apunta a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), encabezada por Flavia Terigi, y solicita que se investiguen las presentaciones realizadas por organizaciones gremiales desde noviembre de 2025. El objetivo, según el planteo legislativo, es determinar las responsabilidades y garantizar que cesen las conductas denunciadas.

Balaudo sostuvo que las situaciones que afectan la trayectoria laboral de los educadores y pueden tener consecuencias sobre su salud deben ser investigadas y, si corresponde, sancionadas.

«Cualquier situación que afecta la trayectoria laboral de un docente y lo induce a situaciones de salud mental extremas, deben ser analizadas, sancionadas, y no dejadas de lado por intereses particulares», expresó la legisladora.

Qué denuncian los gremios docentes de General Villegas

El reclamo fue impulsado por organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que solicitaron formalmente la intervención de las autoridades provinciales por el desempeño de la Secretaría de Asuntos Docentes de General Villegas, a cargo de Alejandra Santandrea.

En sus presentaciones, los sindicatos describieron presuntas situaciones de desidia, destrato y abuso de autoridad en la tramitación de solicitudes y gestiones vinculadas con la actividad docente.

Entre los comportamientos cuestionados mencionaron:

Los gremios consideran que estas situaciones exceden los problemas habituales de gestión y podrían constituir hechos de violencia laboral.

El reclamo por la aplicación de las leyes de violencia laboral

Otro de los ejes de la denuncia apunta al posible incumplimiento de las normas que protegen a los trabajadores de la educación frente a situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral.

Las organizaciones sindicales señalaron que las conductas denunciadas podrían vulnerar disposiciones de la Ley provincial de Violencia Laboral y del acuerdo paritario que establece mecanismos de prevención, erradicación, resguardo y reparación ante hechos de violencia y acoso contra docentes.

En ese marco, reclamaron que la Dirección General de Cultura y Educación avance con una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen motivos para disponer el desplazamiento de Santandrea de la conducción técnico-administrativa de la dependencia.

Por qué es importante la Secretaría de Asuntos Docentes

La controversia tiene especial relevancia para el sistema educativo local porque la Secretaría de Asuntos Docentes interviene en numerosos procedimientos que atraviesan la carrera laboral de maestros y profesores.

Entre sus responsabilidades se encuentran las acciones estatutarias vinculadas con designaciones, movimientos y otras gestiones administrativas del personal educativo.

Por eso, las denuncias no se limitan a un conflicto entre funcionarios y trabajadores: ponen bajo discusión el funcionamiento de una dependencia clave para la organización de las escuelas y la trayectoria profesional de los docentes de General Villegas.

Por el momento, el planteo de Balaudo busca que la cartera educativa provincial tome intervención y dé curso a las denuncias gremiales. La eventual responsabilidad de la funcionaria y la procedencia de las sanciones reclamadas deberán establecerse a partir de una investigación administrativa.

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