Fotomultas: Un proyecto busca frenar el negocio de las multas y controlar la recaudación

Las fotomultas en la provincia de Buenos Aires vuelven al centro del debate. Un proyecto de ley presentado por el diputado radical Matías Civale busca modificar el sistema de control de velocidad para evitar que empresas privadas obtengan beneficios económicos directamente relacionados con la cantidad o el monto de las infracciones cobradas.

La iniciativa parte de una discusión que genera malestar entre numerosos conductores: ¿las fotomultas están pensadas para prevenir accidentes o se convirtieron, en algunos casos, en una herramienta recaudatoria?

El planteo no supone que todas las infracciones sean incorrectas ni propone eliminar los radares. Pone el foco en los incentivos económicos, la transparencia de los procedimientos y la necesidad de que el Estado garantice que cada sanción tenga fundamento técnico y legal.

Fotomultas y recaudación: el cuestionamiento que crece entre los conductores

Para una parte de la sociedad, los controles de velocidad generan desconfianza cuando aparecen en lugares donde la señalización resulta insuficiente, cuando las notificaciones llegan mucho tiempo después o cuando el conductor considera que no tuvo posibilidades claras de advertir la presencia de un radar.

En ese contexto, se instala una percepción especialmente sensible: que las multas pueden funcionar como una caja recaudatoria para el Estado, en lugar de ser una herramienta destinada a reducir los accidentes de tránsito.

También existe el cuestionamiento sobre la posibilidad de comprobar de manera sencilla dónde, cuándo y bajo qué condiciones se registró una infracción. Cuando los conductores no encuentran información clara sobre la señalización, la homologación del equipo o la validación de la imagen, la confianza en el sistema se deteriora.

Estas objeciones forman parte del debate público, aunque no permiten concluir que todas las fotomultas sean irregulares ni que las infracciones registradas sean necesariamente falsas. Precisamente, uno de los puntos centrales de la discusión es cómo garantizar que cada sanción pueda verificarse y esté respaldada por evidencia válida.

Qué propone el proyecto para cambiar el sistema de fotomultas

El proyecto impulsado por Civale, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, propone modificar el artículo 28 de la Ley Provincial de Tránsito para establecer límites más estrictos a la participación de empresas privadas en la gestión de las infracciones.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece que las siguientes funciones queden bajo responsabilidad exclusiva de funcionarios públicos:

• La ubicación de los radares utilizados para los controles.

• El procesamiento y la validación de la información obtenida.

• La emisión de las infracciones.

• La notificación de las multas a los conductores.

Además, plantea prohibir que las empresas proveedoras de radares, equipos o programas informáticos reciban comisiones, porcentajes o incentivos calculados sobre el monto o la cantidad de multas efectivamente cobradas.

El argumento es que un contrato que remunera a un proveedor según la recaudación puede generar un incentivo equivocado: cuanto más dinero se obtenga de las sanciones, mayores serían sus ingresos.

Para el legislador, ese mecanismo puede entrar en conflicto con el objetivo de la seguridad vial. Si el propósito es que los conductores reduzcan la velocidad y disminuyan los siniestros, el indicador de éxito debería ser la prevención y no el volumen de actas confeccionadas.

No buscan eliminar las fotomultas, sino exigir controles transparentes

Civale aclaró que la propuesta no pretende terminar con las fotomultas. El objetivo es conservar los controles de velocidad, pero establecer condiciones que refuercen su legitimidad.

El proyecto mantiene la importancia de la señalización de los operativos y de la notificación de las infracciones, al tiempo que plantea la necesidad de utilizar equipos homologados, criterios técnicos y supervisión estatal efectiva.

La discusión también pone sobre la mesa una diferencia fundamental: una cosa es utilizar tecnología para detectar una conducta peligrosa y otra es organizar un sistema en el que los ingresos dependan de la cantidad de sanciones aplicadas.

La prevención de accidentes requiere controles eficaces, pero también procedimientos que permitan comprobar la infracción, conocer las condiciones en las que se produjo y ejercer el derecho a cuestionarla cuando corresponda.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de un cambio ya aprobado. Su eventual aplicación dependerá del tratamiento y la aprobación del proyecto en la Legislatura bonaerense.

Un debate que ya llegó a otras provincias

La discusión sobre la transparencia de los radares no se limita a Buenos Aires. En la Legislatura provincial también se impulsaron propuestas de la Coalición Cívica para regular el funcionamiento de los cinemómetros y cuestionar las denominadas fotomultas encubiertas en rutas bonaerenses.

A su vez, Río Negro aplicó en 2024 una suspensión de 90 días del sistema de fotomultas y promovió una nueva licitación y modificaciones contractuales para regularizar el funcionamiento de los cinemómetros y controladores de velocidad.

Estos antecedentes muestran que el funcionamiento de los radares, la contratación de proveedores y el destino de la recaudación son asuntos que requieren controles institucionales claros.

El desafío: demostrar que las multas buscan prevenir y no recaudar

El debate sobre las fotomultas enfrenta dos necesidades que no deberían ser incompatibles: mejorar la seguridad vial y garantizar que las sanciones se apliquen de manera transparente.

Un sistema confiable necesita señalización adecuada, radares homologados, evidencia verificable, notificaciones claras y mecanismos accesibles para presentar descargos. También requiere contratos que no generen incentivos económicos contrarios a la prevención.

La iniciativa de Civale busca avanzar sobre uno de esos puntos: evitar que el negocio de las empresas proveedoras quede atado al dinero que se recauda con las multas.

La discusión de fondo es más amplia. Si un radar contribuye a que los vehículos reduzcan la velocidad y disminuyan los accidentes, cumple su función preventiva. Pero si existen dudas sobre su ubicación, su funcionamiento o los criterios utilizados para sancionar, la respuesta debe ser más transparencia y mejores controles.

La legitimidad de las fotomultas no depende solamente de que un radar registre una infracción, sino de que el Estado pueda demostrar que el procedimiento fue correcto y que la prioridad es proteger vidas, no recaudar.