Condenaron a cuatro periodistas en Formosa y Milei reaccionó con un duro mensaje: «Tiro por la culata»

La tensión entre periodismo, Justicia y poder político sumó este viernes un nuevo capítulo en Formosa. Cuatro integrantes del equipo periodístico de LN+ fueron condenados por la Justicia de Las Lomitas luego de una cobertura realizada en la comunidad originaria San José, en el marco del proyecto documental “Hambre de Futuro”.

Los sancionados son la periodista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

La resolución del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas estableció cinco días de arresto para cada uno, aunque la pena puede ser sustituida por una multa de $282.550 por persona. El fallo los responsabilizó por una infracción al artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, según informó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Qué cuestionó la Justicia de Formosa

De acuerdo con los fundamentos difundidos sobre la sentencia, el equipo habría realizado entrevistas y filmaciones sin contar con la autorización requerida y sin disponer de una matrícula o credencial profesional exigida por las autoridades provinciales para desarrollar esa actividad.

El artículo 73 del Código de Faltas formoseño contempla sanciones para quien inicia una actividad determinada sin cumplir los requisitos previos exigidos por la autoridad correspondiente. El propio Poder Judicial de Formosa ya utilizó esa norma en otros casos ajenos al periodismo.

El punto que generó mayor controversia es la aplicación de esa disposición a una cobertura periodística. ADEPA y FOPEA cuestionaron la decisión y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el ejercicio de la actividad informativa.

El antecedente de la cobertura

La sanción está relacionada con un trabajo realizado en septiembre de 2025 para “Hambre de Futuro”, proyecto de LA NACION que desde hace años documenta las condiciones de vida de comunidades y familias en distintas zonas vulnerables del país.

La propia cobertura de LA NACION registra que, en aquellos días, el equipo había recorrido comunidades de Formosa y publicado informes sobre pobreza, condiciones de vida y reclamos de pueblos originarios. Uno de los trabajos publicados en ese contexto fue precisamente el que relató las dificultades atravesadas por el equipo durante su permanencia en la provincia.

Según el testimonio difundido posteriormente por Urdinez, durante aquella cobertura los integrantes del equipo denunciaron situaciones de hostigamiento, controles y retención. La periodista sostuvo que habían presentado material ante la Justicia y que realizaron entrevistas con integrantes de la comunidad San José. Estas afirmaciones corresponden al relato de la periodista y fueron recogidas por medios que informaron sobre el caso.

La reacción de Javier Milei

La resolución judicial derivó también en una fuerte intervención del presidente Javier Milei en redes sociales.

Al compartir una publicación sobre la condena, el mandatario escribió en X: “TIRO POR LA CULATA” y dirigió fuertes expresiones contra los trabajadores de prensa y el periodismo. En el mismo mensaje sostuvo que los periodistas actúan para favorecer a sectores políticos y cerró su publicación con la expresión “CIAO!”.

La reacción presidencial se produjo después de que LN+ difundiera el testimonio de Micaela Urdinez sobre el procedimiento judicial y la experiencia del equipo durante la cobertura.

La preocupación de las organizaciones periodísticas

El caso provocó además pronunciamientos de organizaciones vinculadas al ejercicio de la prensa.

FOPEA rechazó la sentencia y señaló que la resolución “criminaliza” la labor informativa. La entidad sostuvo que el fallo convalida situaciones de hostigamiento denunciadas durante la cobertura y cuestionó que una tarea periodística termine derivando en una sanción de arresto.

Por su parte, ADEPA también manifestó su preocupación por la decisión judicial, particularmente por el criterio utilizado para exigir una autorización y una matrícula para desarrollar tareas periodísticas en la provincia.

Así, el caso abrió una discusión que excede la situación particular de los cuatro integrantes de LN+: hasta dónde puede llegar la regulación provincial sobre una cobertura periodística y qué límites existen cuando una exigencia administrativa termina involucrando una sanción de arresto.

Mientras la Justicia formoseña sostiene la infracción contemplada en el Código de Faltas, las entidades periodísticas cuestionan la aplicación de esa norma a una actividad informativa. La reacción de Milei agregó una nueva dimensión política a una controversia que ya había generado críticas en torno al ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en Formosa.