“Corrupción sin precedentes”: La dura acusación de la UIF contra los Kirchner

El juicio por la causa Hotesur-Los Sauces avanzó con la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que atribuyó a la familia Kirchner la conformación de un presunto esquema de corrupción y lavado de activos que habría funcionado durante más de una década.

Ante el Tribunal Oral Federal N°5, la querella sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner habrían organizado una asociación ilícita para favorecer a empresarios vinculados con el poder mediante contratos de obra pública y, posteriormente, recibir parte de esos beneficios a través de operaciones comerciales e inmobiliarias.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado Máximo Kirchner siguieron la audiencia de manera virtual.

La UIF describió la maniobra como un sistema destinado a transferir y disimular dinero mediante préstamos, compraventa de propiedades, alquileres de establecimientos hoteleros y contratos de locación.

Los Sauces, el mecanismo que habría permitido canalizar los fondos

Uno de los ejes centrales de la acusación apunta al funcionamiento de Los Sauces, la inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner.

Según la UIF, esa sociedad habría servido para incorporar al patrimonio familiar dinero que, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, provenía de beneficios obtenidos por empresarios favorecidos con contratos estatales.

La investigación sostiene que el mecanismo se habría desarrollado en distintas etapas:

• Creación de Los Sauces: la sociedad fue constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, quien asumió inicialmente la presidencia.

• Incorporación de propiedades: se habrían aportado bienes que luego funcionarían como instrumentos para recibir transferencias.

• Contratos de alquiler: empresas vinculadas con los empresarios investigados habrían celebrado contratos de locación con la inmobiliaria.

• Transferencia de fondos: esos pagos habrían permitido justificar ingresos de dinero bajo la apariencia de operaciones inmobiliarias legítimas.

Para la querella, varios de esos contratos habrían sido simulados y establecidos a valores superiores a los del mercado, con el propósito de disimular el origen de los fondos.

Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre los 24 imputados

La acusación también identifica a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa como parte del entramado investigado.

De acuerdo con la UIF, las operaciones habrían tenido dos grandes fuentes de financiamiento.

La primera estaría vinculada con los fondos obtenidos por las empresas de Báez a partir de contratos de obra pública en Santa Cruz, que la acusación relaciona con presuntas maniobras de defraudación al Estado.

La segunda estaría asociada al crecimiento de las compañías del Grupo Indalo, que habrían obtenido beneficios mediante contratos de obra pública, actividades hidrocarburíferas y explotación de juegos de azar, entre otros negocios.

La querella sostiene que cada uno de los 24 imputados habría cumplido una función específica dentro de la estructura. En el caso de los expresidentes, señala que habrían utilizado las atribuciones y el poder institucional de sus cargos para facilitar el funcionamiento del supuesto esquema.

Más de $25 millones bajo la lupa

Uno de los datos destacados del requerimiento de la UIF es el monto que habría recibido Los Sauces durante el período investigado.

Según la acusación, entre 2009 y 2016 la inmobiliaria percibió más de 25 millones de pesos en el marco de las operaciones cuestionadas.

La querella calificó el presunto mecanismo como un esquema de «corrupción sin precedentes» y sostuvo que se habría extendido durante más de doce años, con la participación de personas cercanas al entorno presidencial.

Se trata de afirmaciones de la parte acusadora que deberán ser analizadas durante el desarrollo del juicio oral.

Cómo sigue el juicio Hotesur-Los Sauces

Tras completar la primera parte de la lectura del requerimiento de la UIF, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre.

Además, el tribunal analiza la posibilidad de incorporar audiencias los días miércoles para agilizar el proceso y evitar demoras en el desarrollo del debate.

La causa busca determinar las responsabilidades penales de los 24 imputados en las presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos vinculadas con los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner.