La Cámara alta sancionó con 71 votos afirmativos un régimen permanente que reemplaza el esquema de emergencia. La norma mantiene las pensiones, permite compatibilizarlas con el trabajo formal y establece mecanismos de actualización de prestaciones, financiamiento y control.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, una decisión que establece un marco permanente para sostener las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra, y reemplaza el esquema de emergencia cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, los beneficios dejan de depender de sucesivas prórrogas y pasan a integrar un régimen de carácter permanente.
La sanción llega después de más de un año de reclamos de organizaciones, familias y prestadores, en medio de fuertes controversias por el financiamiento del sistema y las dificultades para sostener tratamientos y servicios.
La discusión parlamentaria también dejó planteada una cuestión central: cómo se garantizarán los recursos necesarios para que los derechos reconocidos por la ley puedan cumplirse efectivamente.
Entre los principales puntos de la normativa se destacan:
Pensiones y trabajo: mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima y permite compatibilizarla con un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
Prestaciones actualizadas: conserva un nomenclador único y establece actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria.
Cobertura de salud: garantiza la continuidad de las prestaciones básicas de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para los beneficiarios alcanzados.
Financiamiento: establece un piso presupuestario para el área de Salud, que no podrá ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior.
Auditorías y controles: incorpora verificaciones periódicas y cruces de información entre organismos como ANSES, ARCA y RENAPER, contemplando el debido proceso para las personas beneficiarias.
La norma también incorpora un mecanismo para avanzar con el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, un reclamo sostenido por instituciones y profesionales que integran el sistema.
Durante el debate, representantes de distintos bloques coincidieron en la necesidad de establecer reglas estables para el sector, aunque expresaron diferencias sobre la situación que atravesaron las personas con discapacidad durante los últimos años.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la nueva normativa como un acuerdo político y social que busca reemplazar las respuestas de emergencia por un sistema con mayor previsibilidad, controles y financiamiento definido.
En la oposición, Alicia Kirchner sostuvo que la sanción representa un punto de partida, pero advirtió que no alcanza por sí sola para reparar los derechos que fueron vulnerados. En la misma línea, Lucía Corpacci destacó el papel de las movilizaciones de las organizaciones de discapacidad y planteó que las garantías legales necesitan respaldo presupuestario.
También se señalaron las dificultades que atraviesan los prestadores, entre ellas los aranceles atrasados, las demoras en los pagos y la crisis económica de instituciones que brindan servicios de atención y rehabilitación.
Con esta votación, el Congreso establece un nuevo marco legal para el sistema de discapacidad. El desafío ahora será que las garantías contempladas en la ley se traduzcan en prestaciones sostenidas, atención adecuada y mayor certidumbre para las personas con discapacidad y sus familias.
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