Con 42 votos a favor y 26 en contra, el Senado convirtió en ley la reforma de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La norma restablece las restricciones a la extranjerización de tierras rurales y también introduce cambios para acelerar los desalojos y modificar los procedimientos de expropiación.
La Ley de Tierras Rurales seguirá vigente en Argentina. El Senado aprobó definitivamente la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, con las modificaciones incorporadas durante su tratamiento en Diputados, restituyó las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La votación terminó con 42 votos afirmativos y 26 negativos, luego de un recorrido legislativo que obligó al oficialismo a modificar aspectos centrales de su propuesta original.
Uno de los puntos más relevantes es la recuperación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. De esta manera, se deja sin efecto la derogación que había dispuesto el DNU 70/2023.
La normativa restituida fija restricciones para evitar una concentración de tierras rurales en manos extranjeras:
15% como máximo de la superficie rural puede estar en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
30% como límite por nacionalidad dentro de la superficie que puede pertenecer a extranjeros.
1.000 hectáreas como límite de referencia en la zona núcleo, bajo el régimen de equivalencias previsto por la legislación.
También contempla restricciones sobre tierras que contienen cuerpos de agua relevantes y zonas de frontera.
La restitución de estos límites fue uno de los aspectos que modificó el proyecto durante su paso por Diputados y que finalmente permitió completar su aprobación en el Senado.
La reforma también introduce modificaciones para acelerar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente.
En los casos de usurpación o tenencia precaria, los jueces podrán disponer la restitución anticipada de la propiedad cuando el derecho del propietario resulte verosímil y se cumplan las condiciones legales.
Entre las disposiciones se establece:
El juez podrá intimar la devolución del inmueble en un plazo de 72 horas, a pedido del propietario y con documentación que acredite la titularidad.
En los casos de inquilinos con deudas por alquiler, deberá existir una intimación previa mediante carta documento y un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.
Se contemplan intervenciones y garantías específicas para situaciones de vulnerabilidad.
La modificación apunta a reducir los tiempos judiciales para recuperar propiedades, aunque distingue entre una ocupación ilegítima y un incumplimiento contractual de alquiler.
La nueva ley también modifica el régimen de expropiaciones. Entre otras cuestiones, establece que la declaración de utilidad pública deberá tener una interpretación restrictiva y una fundamentación concreta, con identificación del objetivo perseguido.
Además, introduce cambios en el cálculo de las indemnizaciones y en las condiciones para que el Estado tome posesión de los bienes expropiados.
Por otra parte, modifica la denominada Ley Pierri, que permite regularizar la situación dominial de viviendas únicas. El objetivo es facilitar el acceso a la escritura para familias que acrediten una posesión pública y continua durante al menos diez años, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El proyecto original del Gobierno tuvo modificaciones importantes para conseguir los respaldos parlamentarios. Entre ellas, quedó afuera la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros y se incorporó expresamente la restitución de la Ley 26.737.
Con la aprobación definitiva del Senado, la reforma de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó sancionada y reúne disposiciones sobre tierras rurales, desalojos, expropiaciones y regularización dominial.
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