El Senado debatirá una reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que permitiría acelerar los desalojos de inquilinos morosos. El proyecto también elimina límites para la compra de tierras por extranjeros y modifica las restricciones sobre terrenos afectados por incendios.
Una nueva iniciativa del Gobierno nacional promete abrir un fuerte debate político, social y económico. Se trata de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que busca modificar las reglas de los alquileres, facilitar los desalojos por falta de pago y avanzar con cambios en la legislación sobre tierras rurales y manejo del fuego.
El punto que genera mayor atención es la posibilidad de implementar desalojos más rápidos para inquilinos que acumulen deudas. Según el texto que será tratado en el Senado, los propietarios podrán exigir la restitución de la vivienda apenas 10 días después de intimar al inquilino por incumplimiento de pago.
La medida representa un cambio importante respecto al sistema actual y llega en un contexto complejo para miles de familias que alquilan, afectadas por el aumento de los costos de vivienda y la pérdida del poder adquisitivo.
La propuesta elaborada bajo la supervisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca reforzar las herramientas legales de los propietarios para recuperar sus inmuebles frente a incumplimientos contractuales.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa apunta a fortalecer la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad. Sin embargo, organizaciones de inquilinos advierten que podría agravar la situación habitacional de sectores vulnerables.
De acuerdo con datos difundidos por entidades del sector, una gran cantidad de inquilinos enfrenta dificultades para afrontar el pago mensual de los alquileres, que en muchos casos representan más del 40% de los ingresos familiares.
El proyecto incorpora además la eliminación de los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.
Tras negociaciones con gobernadores y legisladores provinciales, se acordó que cada operación deberá contar con la aprobación del gobierno de la provincia correspondiente.
Para el oficialismo, la medida busca fomentar inversiones y fortalecer la autonomía de las provincias en la toma de decisiones sobre su territorio.
Otro de los capítulos más controvertidos elimina las restricciones que actualmente impiden cambiar el uso o vender terrenos afectados por incendios durante largos períodos.
La normativa vigente fue creada para evitar maniobras especulativas vinculadas a incendios intencionales y proteger áreas naturales. El Gobierno considera que esas limitaciones afectan derechos de propiedad y frenan actividades productivas.
La iniciativa llegará este jueves al recinto del Senado con expectativas favorables para el oficialismo, que confía en reunir los apoyos necesarios para obtener la media sanción.
Mientras tanto, organizaciones sociales, agrupaciones de inquilinos y sectores ambientalistas ya anticipan cuestionamientos a una reforma que podría modificar de manera profunda aspectos vinculados a la vivienda, la propiedad privada y el uso de la tierra en Argentina.
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