El Gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar si existe una estructura organizada detrás de la ola de intimidaciones que puso en alerta a comunidades educativas de toda la provincia.
La preocupación crece en la Provincia de Buenos Aires: más de 600 amenazas en escuelas encendieron las alarmas y derivaron en una acción judicial del Gobierno, que sospecha la existencia de una organización delictiva detrás de los hechos.
La denuncia fue impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena, junto al Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, y presentada ante la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
El objetivo central es claro: identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de las amenazas que afectaron a cientos de instituciones educativas en distintos puntos del territorio.
Desde el Gobierno señalaron que, si bien cada denuncia ya está siendo investigada en los distintos departamentos judiciales, esta presentación apunta a desentrañar si existe una red coordinada o un patrón común detrás de los hechos.
La Justicia deberá determinar si se trata de una estructura delictiva con planificación o de una serie de episodios que, aunque fragmentados, responden a una lógica de réplica o contagio social.
Según explicaron los funcionarios, la investigación buscará trascender los hechos individuales para esclarecer el origen del fenómeno que mantiene en vilo a las comunidades educativas.
Como contexto, la denuncia toma como referencia el ataque ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno, un hecho que marcó un punto de inflexión.
A partir de ese episodio, las amenazas comenzaron a multiplicarse de manera exponencial, no solo en territorio bonaerense sino también en otras provincias del país.
El fenómeno no solo genera operativos de seguridad y suspensión de clases, sino también un fuerte impacto en la comunidad educativa, estudiantes y familias, que viven jornadas de incertidumbre ante cada alerta.