Atropello a propiedades privadas: Entidades rurales piden respeto a la Constitución, las leyes, el orden y la paz social

En un comunicado, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro, CRA y la Federación Agraria (FAA) dijeron que "la irrupción en la propiedad privada sin claridad en sus derechos y de manera prepotente pone en crisis la seguridad jurídica, precipitando una crisis institucional, mostrando un Estado y una Justicia complaciente, que no conduce a la solución".

"Es hora de recuperar la cordura. Los poderes del Estado deben asumir el rol que les corresponde y propiciar el regreso a la situación inicial, liberando la propiedad de sus ocupantes, hasta tanto se resuelva la situación de fondo y la disputa sucesoria familiar que debe permanecer en el ámbito privado y de la Justicia, de donde nunca debió salir", añadió la Comisión.

También destacó que "entre todos debemos asumir nuestra parte para lograr que prevalezca la institucionalidad por sobre hechos difusos y signados por la anomia. La Argentina tiene ya demasiados problemas acuciantes, con una crisis económica y sanitaria aún creciente, y no necesita inventar nuevos debates muy peligrosos en torno a la propiedad privada o la vigencia de la Constitución y de la ley".

"La inmensa mayoría de los argentinos no queremos abrir un debate que fue zanjado cuando se fundó la Nación bajo nuestro orden constitucional", afirmó, y aseveró que "los argentinos deseamos y merecemos vivir en orden y en paz y recuperar, cuanto antes, el rumbo y la sensación de un Norte de futuro y de progreso".

Los dirigentes ruralistas sostuvieron que "el Poder Ejecutivo, en lugar de buscar apaciguar un conflicto que escala, adoptó una posición ambigua y por momentos parcial, enviando funcionarios públicos a solidarizarse con los ocupantes. De este modo, incumplió con su deber de resguardar la integridad de todos los involucrados y de preservar la paz social".

El juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores, resolvió no hacer lugar A la medida cautelar del desalojo, peticionada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y la querella representada por Rubén Pagliotto.

A la vez, dispuso "tener presente la familia Etchevehere el ofrecimiento de poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces".

El grupo encabezado por Luis Etchevehere recusó al juez por "parcialidad" y apeló la medida que no dio el desalojo para que vaya a la instancia superior, a los tribunales de Paraná.