Avanza el ajuste en el INTA: El Gobierno lanzó un retiro voluntario para eliminar 1000 puestos

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de recorte del Estado y oficializó un esquema de retiro voluntario en el INTA destinado a reducir cerca de 1000 puestos de trabajo dentro del organismo agropecuario.

La medida fue formalizada mediante la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Nicolás Bronzovich. El plan estará vigente hasta el 31 de mayo, aunque podría extenderse por otros 15 días.

El objetivo del Ejecutivo es achicar aproximadamente un 20% de la planta actual, integrada por unos 5.900 trabajadores, en línea con el fuerte ajuste sobre organismos públicos que impulsa la gestión de Javier Milei.

Para incentivar las adhesiones, el propio INTA difundió un simulador de cálculo que permite a cada empleado estimar cuánto dinero cobraría en caso de aceptar el retiro.

Cómo será la compensación económica

El esquema contempla una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año trabajado o fracción superior a tres meses. El cálculo se realizará tomando como base los haberes de enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo.

Además, se incorporó un incremento salarial acumulado del 10,30% para determinar los montos finales.

La normativa también establece topes según la edad del trabajador:

• Hasta 60 años: sin límite de salarios.
• Entre 61 y 63 años: máximo de 24 salarios brutos.
• Desde 64 años: tope de 12 haberes.

El régimen está dirigido exclusivamente al personal de planta permanente incluido en la Ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública Nacional.

Un conflicto que lleva meses

El intento de reducción del INTA no es nuevo. Desde fines de 2024 el Gobierno viene impulsando distintas medidas para recortar personal dentro del organismo, aunque con resultados limitados.

El primer retiro voluntario lanzado el año pasado logró apenas unas 300 adhesiones sobre una planta que entonces superaba los 6.000 empleados.

Posteriormente, la administración libertaria intentó avanzar con despidos, pero varias cesantías fueron frenadas por la Justicia. En agosto de 2025, un fallo del juzgado federal de San Martín obligó al Gobierno a suspender alrededor de 300 despidos.

En paralelo, el Consejo Directivo del INTA aprobó recientemente el cierre de 14 dependencias en Buenos Aires y Córdoba, una decisión que profundizó la tensión interna y el rechazo sindical.

El ajuste sobre el INTA genera preocupación en distintos sectores vinculados al agro y la investigación científica, donde advierten que el achicamiento podría afectar programas técnicos, desarrollo territorial y asistencia a productores.