El departamento bajo la lupa: La Justicia avanza sobre otra propiedad de Cristina Kirchner

Luego del decomiso de bienes directamente inscriptos a nombre de los condenados en la Causa Vialidad, la Justicia abrió una nueva fase: avanzar sobre aquellas propiedades registradas bajo sociedades anónimas vinculadas a los imputados.

En ese marco reaparece un punto sensible: el departamento de San José 1111, en Constitución, adquirido por la familia Kirchner en 2010 por unos US$370 mil, pero formalmente registrado a nombre de Hotesur, una de las sociedades investigadas por lavado de dinero.

Aunque la defensa sostiene que el inmueble pertenece a Máximo y Florencia Kirchner debido a una cesión previa —y que, por lo tanto, no puede ser incautado— los fiscales remarcan que su compra habría sido financiada con fondos de origen ilícito, lo que lo convierte en un bien susceptible de decomiso según los criterios del fallo condenatorio.

El rol decisivo de la Corte Suprema

Tras la resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2, todos los bienes decomisados quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, que ahora deberá inventariar, tasar y definir su destino final.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti serán quienes decidan si estos activos —entre los que figura el hotel Los Sauces, valuado en cerca de US$15 millones— se destinarán a fines sociales o se subastarán.

Mientras tanto, la defensa de los Kirchner podría presentar recursos que dilaten los plazos, en un proceso que ya se anticipa extenso y políticamente sensible.

Un principio penal histórico como fundamento

El fallo que habilitó los decomisos se apoyó en un fundamento central: los condenados resultaron “beneficiarios de los efectos del delito”, y por lo tanto corresponde impedir que “la conducta ilícita rinda beneficios”.

La resolución también retoma compromisos internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que obliga a los Estados a recuperar activos vinculados a maniobras delictivas.

Con el avance sobre el departamento de Constitución, la Justicia ingresa a una etapa que podría extenderse a nuevas propiedades bajo sociedades de los imputados, mientras se prepara un listado que promete generar alto impacto judicial y político.