El Gobierno denunció por «terrorismo» a 17 manifestantes tras los disturbios en la marcha contra la reforma laboral

El Ministerio de Seguridad Nacional denunció penalmente por “terrorismo” a 17 manifestantes a los que vinculó con los disturbios ocurridos durante la marcha contra la reforma laboral, realizada el miércoles frente al Congreso de la Nación Argentina. La presentación judicial sostiene que los hechos buscaron generar terror social e inhibir el funcionamiento institucional, aunque las pruebas difundidas hasta el momento no demuestran quiénes lanzaron bombas molotov.

Previo a la denuncia, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en un video oficial que “una bomba molotov es un arma” y que su uso tiene la intención de “generar muerte y caos”. Tras la presentación, la cartera difundió un documento con fotos, nombres y DNI de los señalados.

La acusación y las pruebas

El escrito, firmado por un funcionario del área de Normativa y Legislación del Ministerio, acusa a los denunciados de intentar “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror” y de poner en riesgo a las fuerzas de seguridad. Según el texto, los incidentes no fueron aislados, sino parte de un accionar coordinado.

Las identificaciones se realizaron a partir del análisis de transmisiones televisivas en vivo, cámaras de seguridad y material aportado por terceros, como capturas y mensajes de WhatsApp. Sin embargo, no se precisó si alguno de los denunciados aparece en el video viral donde se observa a encapuchados preparando molotov sin intervención inmediata de la Policía Federal.

Qué sigue en la causa

Aunque el Ministerio realizó las denuncias y difundió identidades, será la Justicia Federal la que determine si corresponde avanzar con imputaciones formales y evaluar la solidez de las pruebas. Entre los señalados figuran personas cuyas imágenes aparecieron en coberturas televisivas y otras identificadas por material aportado durante la jornada de disturbios.

El caso reabre el debate sobre el uso de la figura de terrorismo, los estándares probatorios y la difusión pública de datos personales en el marco de investigaciones en curso.