Tras cinco meses de audiencias y años de investigación, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario dará a conocer el veredicto en la causa por presunta contaminación con agroquímicos en Pergamino. Hay nueve imputados y pedidos de condena de hasta cinco años de prisión.
El próximo 24 de junio a las 10 de la mañana se conocerá el veredicto de uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al impacto ambiental de las fumigaciones en Argentina. El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario definirá la situación de los nueve acusados en la causa por presunta contaminación con agroquímicos en Pergamino, un expediente que se convirtió en referencia para el debate sobre salud, ambiente y producción agropecuaria.
Luego de más de cinco meses de audiencias, decenas de testimonios y una extensa producción de pruebas, la causa ingresó en su etapa final. La Fiscalía y la querella solicitaron penas de entre dos y cinco años de prisión, mientras que las defensas reclamaron la absolución de todos los imputados al considerar que no se acreditaron los delitos atribuidos.
La investigación se originó a partir de denuncias realizadas por vecinos de Pergamino, principalmente de barrios ubicados cerca de zonas de producción agrícola. Durante el debate oral se analizaron estudios ambientales, pericias, testimonios de especialistas y relatos de habitantes que sostienen haber sufrido consecuencias sanitarias asociadas a las fumigaciones.
Entre las voces más visibles del proceso estuvo la de Sabrina Ortiz, una de las denunciantes e impulsoras de la causa, quien expresó su expectativa de que la sentencia represente una respuesta para quienes participaron del reclamo y para las futuras generaciones.
Por su parte, las defensas sostuvieron que los productores actuaron dentro de una actividad legalmente permitida y cuestionaron la relación directa entre los hechos denunciados y las responsabilidades individuales atribuidas a cada acusado.
Además de las eventuales condenas o absoluciones, el fallo podría tener impacto sobre las medidas cautelares vigentes, que actualmente establecen restricciones para las aplicaciones de agroquímicos cerca de viviendas y establecimientos educativos. Tanto la Fiscalía como la querella solicitaron que esas medidas continúen vigentes para garantizar la protección ambiental y sanitaria.
El caso es seguido de cerca por organizaciones ambientales, productores agropecuarios, especialistas en salud pública y referentes del sector judicial, ya que podría convertirse en un antecedente relevante para futuras causas vinculadas a contaminación ambiental y uso de fitosanitarios.
Más allá del resultado final, el juicio ya ocupa un lugar destacado en la historia judicial y ambiental de la región. El próximo 24 de junio, cuando se conozca la decisión de los jueces, se cerrará una etapa de años de denuncias, investigaciones y debate público sobre un tema que continúa generando posiciones encontradas en la sociedad.
La sentencia será observada con atención no sólo en Pergamino, sino también en otras localidades donde existen discusiones similares sobre la convivencia entre producción agropecuaria, salud pública y protección del ambiente.
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