La Iglesia católica argentina ha dejado de percibir fondos estatales

La Iglesia Católica en Argentina ha marcado el inicio de un nuevo capítulo al dejar de recibir fondos estatales a partir del 1 de enero. Este proceso, gestado durante los últimos 5 años en medio de debates sobre la legalización del aborto, representa una renuncia progresiva a las asignaciones mensuales destinadas a arzobispos y obispos.

La decisión, anunciada por la Conferencia Episcopal Argentina a través de un comunicado, implica que los líderes eclesiásticos ya no recibirán la asignación mensual establecida en la ley 21.950. Esta ley, sancionada durante la dictadura militar el 7 de marzo de 1979, estipulaba que los arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez de primera instancia, congelado en $55 mil. La congelación del monto y el cambio en la dinámica entre la Iglesia y el Estado han llevado a la decisión de poner fin a esta asignación.

En un giro adicional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en una resolución del 26 de abril de 2023, ha permitido que arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o invalidez puedan solicitar, bajo ciertos requisitos, el beneficio de la asignación prevista en la ley.

Aunque la ley no se aplica de manera general, aquellos arzobispos y obispos ancianos o con invalidez podrán, de manera particular, solicitar esta asignación, cuyo monto actual es de $98.000, según lo informado en el comunicado oficial. Este cambio marca una nueva etapa en la relación financiera entre la Iglesia Católica y el Estado argentino, evidenciando un distanciamiento gradual de los fondos estatales.