La Justicia avanzó sobre Francisco Adorni y una declaración complicó aún más a Manuel

La situación judicial de los hermanos Adorni sumó un nuevo capítulo este jueves. El juez federal Sebastián Casanello ordenó levantar el secreto fiscal del diputado bonaerense Francisco Adorni en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que declaraciones del contratista Matías Tabar dejaron bajo presión al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La medida fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien investiga posibles inconsistencias patrimoniales del legislador libertario luego de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Según la acusación, Francisco Adorni habría pasado de declarar un patrimonio de 43,7 millones de pesos a más de 80,5 millones en apenas un año, además de cancelar anticipadamente un crédito de 60 millones otorgado por el Banco Provincia.

La investigación también pone la lupa sobre el paso de Adorni por el Ministerio de Defensa y por el Instituto de Ayuda Financiera para Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismos donde ocupó cargos antes de asumir su banca legislativa. En la denuncia se menciona un posible “vaciamiento” durante su gestión.

En el dictamen judicial, Marijuan sostuvo que el foco está puesto en determinar si existió un incremento patrimonial injustificado desde diciembre de 2023, momento en que Francisco Adorni ingresó a la función pública nacional. El fiscal remarcó además que, previo a esos cargos, el dirigente “no registraba antecedentes públicos ni patrimonio compatible con adquisiciones de alto valor en tan corto tiempo”.

La frase que golpeó a Manuel Adorni

Mientras tanto, el empresario de la construcción Matías Tabar complicó aún más el panorama judicial de Manuel Adorni al reconocer públicamente presuntas maniobras de evasión fiscal vinculadas a remodelaciones realizadas en una vivienda del funcionario.

“Parece que los únicos que hemos evadido somos Manuel y yo”, lanzó Tabar durante una entrevista periodística, al explicar que gran parte de las operaciones en el sector de la construcción suelen manejarse “en negro”.

El contratista confirmó además que la obra realizada en una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá alcanzó un costo final de 245 mil dólares, aunque aclaró que el presupuesto original rondaba los 94 mil dólares y que luego se fueron incorporando nuevos pedidos y modificaciones.

Tabar defendió la legalidad de los trabajos y aseguró que se trató de “una situación totalmente normal”, aunque sus declaraciones generaron un fuerte impacto político y judicial por la admisión explícita de posibles irregularidades tributarias.

La causa ahora podría profundizarse con nuevas medidas sobre movimientos patrimoniales, transferencias y declaraciones fiscales de los involucrados.