La justicia que llega tarde: Condenan a Báez tras más de una década de demora

Después de más de una década de investigación, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Lázaro Báez por un gigantesco esquema de lavado de casi 55 millones de dólares. La resolución cierra una de las causas más emblemáticas de corrupción en la Argentina reciente, pero también expone, una vez más, la lentitud de un sistema judicial que parece cronometrar sus tiempos según el peso político o económico de los acusados.

La causa, conocida como la “Ruta del Dinero K”, comenzó en 2013 luego de una investigación periodística que sacó a la luz cómo Báez —empresario cercano al kirchnerismo— expatriaba fondos a Suiza mediante una compleja red de sociedades y testaferros. Las imágenes de “La Rosadita”, donde se ve a su hijo Martín contando fajos de billetes, se convirtieron en un ícono de la impunidad.

Pese a la contundencia de las pruebas y las confesiones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, la justicia tardó más de ocho años en dictar condena, y otros dos en que la sentencia quedara firme. Durante ese extenso proceso, la mayoría de los implicados, incluido Báez, gozaron de prisión domiciliaria, beneficios por salud o recursos judiciales que estiraron los plazos hasta límites absurdos.

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó en 2021 a Báez a 12 años, pena que fue reducida a 10 por la Cámara de Casación. Además, se dictaron sanciones millonarias y decomisos por bienes adquiridos con fondos ilícitos. La Corte Suprema, con los votos de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, declaró “inadmisibles” los recursos de las defensas, cerrando así la etapa recursiva. Un fallo formalmente correcto, pero que llega con años de retraso.

Mientras tanto, un tramo residual de la causa continúa investigando a Cristina Kirchner, quien fue sobreseída en 2023 pero volvió a quedar bajo la lupa por insistencia de una ONG. A pesar de la reapertura, no hay una decisión concreta. Tampoco hay certezas sobre cuándo se resolverán causas similares que involucran a funcionarios, empresarios o sindicalistas de alto rango.

Todo esto refleja una justicia visiblemente selectiva. No porque absuelva a culpables —aunque a veces también lo haga—, sino porque opera con un freno estructural cuando se trata de juzgar a los poderosos. Báez fue condenado, sí. Pero solo después de años de inacción, dilaciones, chicanas procesales y maniobras defensivas que la propia estructura judicial tolera o incluso facilita.

En la Argentina, la impunidad no siempre es la absolución: a veces, simplemente, es el tiempo.